La Ley General de Comunicación Audiovisual estableció que las televisiones de ámbito nacional y autonómico de titularidad privada deben destinar cada año el 5% de los ingresos del ejercicio anterior conforme a su cuenta de explotación a la producción europea de cine, series y películas para televisión, así como documentales y productos de animación. Para las televisiones públicas estatales o autonómicas, la Ley eleva este porcentaje de inversión al 6% de sus ingresos de explotación, y atribuye al Consejo Audiovisual de Andalucía el control y seguimiento de estas ayudas en nuestra comunidad.
Un aspecto que también refleja la Ley de Creación del CAA que, entre sus funciones, encomienda las labores de mediación entre las instituciones, los agentes del sistema audiovisual y la sociedad. Asimismo, atribuye al Consejo la función de propiciar que nuestro espacio audiovisual favorezca la capacidad emprendedora de los andaluces, promoviendo el desarrollo y la innovación en el sector.
En el marco de esta reunión, la presidenta del CAA, Emelina Fernández Soriano, anunció su intención de propiciar cuanto antes otro encuentro en el que estén presentes los representantes de la RTVA y de Metropólitan TV, los dos operadores de televisión autonómicos, público y privado, respectivamente, que operan en Andalucía, y a los que atañe directamente la obligatoriedad de financiación a la producción audiovisual recogida en la ley.
Los representantes del sector de la producción audiovisual hicieron hincapié en la necesidad de respetar escrupulosamente los términos corregidos en la ley, sobre todo en un contexto de crisis económica que, advirtieron “hace peligrar la continuidad de numerosas empresas y puestos de trabajo del audiovisual andaluz”. Esta situación es la que, según afirmó Gómez Cardeña, presidente de AEPPA-APRIA, les ha llevado a solicitar expresamente la mediación del Consejo Audiovisual de Andalucía en un asunto que consideran prioritario para la supervivencia del sector.
Emelina Fernández Soriano recordó en este sentido que las industrias audiovisuales viven un momento muy delicado, por lo que el conjunto de los poderes públicos deben ser conscientes de la especial relevancia de este sector, no solo por su volumen económico, sino también por su gran contribución a la identidad cultural y la proyección exterior de Andalucía. “Las televisiones están llamadas a ser, para mantenerse fieles a la función de servicio público que les confiere el ordenamiento jurídico, un actor principal en la estabilidad del tejido productivo del sector”, subrayó.
Las obligaciones legales de las televisiones con el audiovisual
Además de fijar el porcentaje que los operadores de televisión públicos y privados han de aportar a la financiación de la producción audiovisual, la Ley establece que esta contribución podrá efectuarse de forma directa en la participación de su producción o en la adquisición de los derechos de explotación.
Asimismo, prevé que de la cifra total que cada televisión ha de invertir al año, las privadas destinarán como mínimo el 60% a producciones cinematográficas, y siempre más de la mitad de ese porcentaje a productores independientes. Para las públicas esta cuota se sitúa en el 75%. Asimismo, deben destinar como mínimo un 40% de su aportación -el 25% en las públicas- a películas, series o miniseries para televisión. Las televisiones locales que no formen parte de una red nacional están excluidas de estas obligaciones.
Peso del audiovisual en la economía
Según datos de la Consejería de Cultura, en Andalucía existen 697 empresas dedicadas al sector de la producción audiovisual que, en conjunto, generan el 9% de la producción del sector audiovisual español, lo que coloca a Andalucía en el tercer lugar, después de los grandes centros de producción que son Madrid y Barcelona. En 2008, según el último balance publicado por la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Andaluces, en la comunidad se facturaron 162 millones de euros y se empleó directamente a 1.275 trabajadores.
En España, según datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la industria audiovisual supone el 1% del PIB, con una facturación de 8.000 millones de euros. En cuanto al mercado audiovisual europeo, representa más de 107.000 millones de euros y proporciona 1,2 millones de puestos de trabajo altamente cualificados.