El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) y el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) han sellado hoy un protocolo de colaboración que persigue avanzar en el cumplimiento de la deontología periodística de los medios de comunicación en la comunidad, sobre todo en aquellos casos cuyo tratamiento represente mayores dificultades por la complejidad de la materia a tratar, como pueden ser los sucesos, los asuntos en los que están involucrados menores de edad, la violencia de género o la información del ámbito judicial.
La presidenta del CAA, Emelina Fernández Soriano, y el decano del CPPA, Antonio Manfredi, firmaron hoy este convenio que abre un nuevo cauce de colaboración entre ambas instituciones, y que prevé además la colaboración para desarrollar programas de formación que mejoren la cualificación de los profesionales y la calidad de la información.
Este protocolo responde a dos premisas en las que coinciden el CAA y el Colegio de Periodistas andaluces: por un lado, el hecho de que el ejercicio responsable del derecho y la libertad de información exige necesariamente el cumplimiento de la legislación audiovisual vigente y el respeto de los principios deontológicos recogidos, entre otros, en su Código Deontológico. Por otro lado, la necesidad de disponer, en los momentos actuales, de instrumentos de colaboración mutua dirigidos a garantizar el ejercicio del derecho y la libertad de información en los términos dispuestos en la legislación, reforzando la deontología periodística y mejorando la cualificación de los profesionales de la información de Andalucía.
El convenio firmado hoy convierte al Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía en el principal interlocutor del Consejo Audiovisual de Andalucía para las cuestiones relacionadas con la deontología periodística. Así, se establece que el CAA remitirá al CPPA todas aquellas decisiones, recomendaciones y muy especialmente instrucciones que puedan referirse al desarrollo de la labor de los profesionales de la información en Andalucía.
El Consejo también podrá solicitar información y opinión al CPPA sobre aquellos asuntos en los que deba pronunciarse relativos a la deontología periodística o que se refieran a instrucciones o recomendaciones dirigidas a los profesionales de la información. En este sentido, el Consejo podrá solicitar la opinión del Colegio de Periodistas andaluces cuando en el proceso de elaboración de instrucciones o recomendaciones así se considere a la vista del contenido de las mismas. Y el Colegio podrá a su vez solicitar información al Consejo sobre la elaboración de las mismas.
Por su parte, el CPPA notificará a sus colegiados las recomendaciones o instrucciones elaboradas por el CAA y establecerá los mecanismos que sus competencias le permitan para velar por su cumplimiento.
Otra de las cuestiones contenidas en este protocolo es la formación de manera que ambas instituciones acuerdan –en la medida de sus respectivas previsiones presupuestarias- desarrollar cuantas acciones puedan programarse para mejorar la formación de los periodistas y la calidad de la información.
Primera experiencia en la información judicial, a tres bandas con el TSJA
Este protocolo tiene su precedente en mayo de 2012, cuando, junto al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, las tres instituciones se comprometieron a colaborar formalmente para mejorar la información sobre los procesos judiciales, así como las relaciones entre los profesionales de los tribunales de justicia y los periodistas. Este protocolo cristalizó en la elaboración de una Guía para el tratamiento informativo de los procesos judiciales, que sintetiza toda la jurisprudencia existente sobre el acceso de los medios a las sedes judiciales y a la información judicial.
Poco tiempo después y al constatar que el tratamiento mediático del asesinato de una menor de edad en El Salobral (Albacete), una vez más, rebasó todos los límites éticos por parte de las televisiones y vulneró los derechos fundamentales de la víctima, el Consejo Audiovisual de Andalucía se dirigió al Parlamento andaluz y al Congreso de los Diputados para reclamar un debate público sobre la necesidad de defender la ética periodística frente al sensacionalismo informativo.
El incumplimiento de las normas deontológicas por parte de los medios de comunicación en este tipo de situaciones y otras similares vulnera los derechos fundamentales de las personas que se ven implicadas en un acontecimiento de estas características. Y así se ha demostrado después de que el CAA, tras detectar que sus advertencias no eran atendidas, se viera obligado a acudir a la Fiscalía para proteger los derechos de menores de edad que, en algunos casos, han acabado en el pago de indemnizaciones.