El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, consideró necesario acometer una reforma legal del alcance del secreto de sumario dirigida a jueces y periodistas, así como reforzar las competencias de los consejos audiovisuales para evitar los juicios paralelos y la vulneración de derechos fundamentales, como el de la presunción de inocencia, el derecho al honor y a la propia imagen, por parte de los medios de comunicación.
Unas consideraciones en las que coincidieron el resto de participantes en el foro de debate Diálogos en el CAA el pasado jueves, titulado Justicia y Prensa: publicidad y juicios paralelos: el abogado Francisco Baena Bocanegra, y la periodista de tribunales de la Cadena Ser Andalucía, Mercedes Díaz.
“Sería interesante que se discutiera sobre la reforma legal del alcance del secreto de sumario, que sirviera tanto a jueces como a periodistas y lo mismo respecto de la instrucción que es donde se produce ese juicio anticipado”, apuntó Del Río en este foro en el que se debatió sobre el equilibrio entre el derecho a la información y el derecho a la presunción de inocencia, al honor y la propia imagen en el contexto de los procesos judiciales.
En esta tesis coincidió Baena Bocanegra, quien sostuvo que las filtraciones a los medios de los sumarios declarados secretos o en fase de instrucción “atacan directamente a la presunción de inocencia”.
Desde el ámbito mediático, la periodista Mercedes Díaz defendió la especialización de los profesionales de la información que se dedican a la crónica de tribunales y reclamó mayor transparencia y acceso por parte de los informadores al poder judicial. “El respeto a la verdad debe ser siempre lo primero para un periodista de tribunales y, para ello, éste debe acudir a jueces”. Díaz quiso, en este sentido, marcar una diferencia entre la labor de los periodistas de tribunales y “ese otro periodismo rosa que entra en los tribunales”.
"La televisión espectáculo da mucho dinero, pero eso no es periodismo responsable, y la culpa de que eso ocurra es de la empresa periodística”, señaló la reportera en alusión a los juicios paralelos y al espectacularización de la información de tribunales en los casos especialmente mediáticos.
Otra de las conclusiones en la que coincidieron los participantes de este debate fue en la necesidad de potenciar y reforzar las facultades y competencias de los consejos audiovisuales. De esta forma, se habilitaría una vía administrativa disciplinaria para que, a través de estos órganos reguladores, se puedan imponer sanciones a los medios –que no necesariamente tienen que ser de carácter económico- cuando éstos vulneren derechos fundamentales de las personas sometidas a un proceso judicial.
Esta vía, la de los consejos audiovisuales, tiene la facultad de reducir considerablemente los tiempos de intervención respecto de la justicia ordinaria que, en la actualidad, es la vía de reclamación de las personas que se ven perjudicadas por un tratamiento informativo inadecuado o contrario a sus derechos fundamentales.
La información de tribunales como espectáculo mediático
En este sentido, la presidenta del CAA, Emelina Fernández, lamentó el tratamiento banalizado que suelen otorgar las televisiones cada vez que se produce algún suceso luctuoso que desemboca en un proceso judicial. Fernández recordó que, tal y como constata la experiencia del CAA desde el caso Marta del Castillo –en el año 2009-, las televisiones, en una tendencia que fomenta la espectacularización de la información, incurren en múltiples vulneraciones de derechos fundamentales de las personas implicadas en procesos judiciales, como el de la presunción de inocencia, o el del honor y la propia imagen.
La celebración de juicios paralelos en los platós de televisión, la difusión de imágenes o datos personales de menores involucrados en hechos luctuosos, o las entrevistas a peritos, expertos o testigos llamados declarar en juicios mediáticos antes de que estos se celebren constituyen prácticas muy extendidas que fomentan la banalización de los hechos. La presidenta del CAA recordó que estas prácticas contribuyen a sustituir la verdad judicial –en la que han de basarse los tribunales para dictar sentencia- por una verdad mediática que se extiende entre la opinión pública.
El último ejemplo de estas dinámicas ha sido el tratamiento mediático otorgado a la falsa denuncia por violación múltiple en Málaga. El CAA constató –lamentó Fernández- cómo todas las televisiones analizadas por el Consejo vulneraron la presunción de inocencia de los denunciados, omitieron rectificar las acusaciones y sospechas vertidas contra estos en sus platós y difundieron informaciones falsas y sin contrastar. “El tratamiento de la información como entretenimiento por parte de determinados formatos televisivos desemboca en estos graves incumplimientos que infringen impunemente derechos fundamentales”, advirtió Fernández.