La presidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), Emelina Fernández, ha defendido que los medios de comunicación y el sector de la publicidad se incorporen al Pacto de Estado sobre la Violencia de Género durante su comparecencia ante la Subcomisión del Congreso de los Diputados constituida para preparar este Pacto. Fernández ha abogado porque este gran acuerdo contemple y regule la relevancia de la acción de los medios de comunicación a la hora de abordar este grave problema social, pues, ha recordado, más del 95% de la población los señala como su primera fuente de información sobre violencia de género, según los informes del CAA.
Durante su comparecencia, la presidenta del CAA ha lanzado una serie de propuestas en este sentido, entre las que ha destacado una revisión de la regulación actual para que el ordenamiento jurídico contemple y concrete los supuestos que ahora no tienen una correcta definición o desarrollo.
La Ley General de Comunicación Audiovisual recomienda a los medios “erradicar conductas favorecedoras de situaciones de desigualdad de las mujeres”, ha recordado Fernández, para quien esta redacción es insuficiente para intervenir por parte de las autoridades reguladoras. Por ello, ha manifestado la necesidad de clarificar conceptos como sexismo, estereotipos, dignidad de la mujer o violencia gratuita que son considerados jurídicamente indeterminados, e identificar por ejemplo qué estereotipos coadyuvan a la violencia de género.
El CAA aboga además porque el Pacto de Estado incorpore un compromiso de la Administración de Justicia para facilitar información de los procedimientos judiciales sobre casos de violencia de género a los medios de comunicación, y particularmente para la divulgación de sentencias condenatorias.
El Consejo entiende también que son precisos cambios significativos en la regulación de la publicidad para que sea “más eficaz” y que aborde también la que se difunde en Internet. La presidenta del CAA ha abogado por una revisión del artículo 3 a) de la Ley General de Publicidad, porque la redacción actual sobre los estereotipos es “genérica, imprecisa y confusa”, de tal forma que, según ha explicado, “ha generado problemas de interpretación a las autoridades audiovisuales que, como el CAA, tienen la capacidad de requerir el cese y sancionar la publicidad ilícita”. También ha expuesto la necesidad de que se regule la publicidad de prostitución y servicios sexuales, frecuente en los medios de comunicación, así como en vallas y folletos que se distribuyen en grandes eventos.
Otra de las medidas propuestas por la presidenta del CAA a la Subcomisión pasa por aumentar las campañas de sensibilización y centrarlas en la prevención de la agresión y en los agresores, así como en la corresponsabilidad de la sociedad, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, con campañas enfocadas sobre todo en la mujer y en las víctimas.
Igualmente se ha planteado la conveniencia de que se establezca una línea de ayudas para la creación de contenidos en cine, series o programas de entretenimiento que favorezcan la igualdad y fomenten relaciones igualitarias entre hombres y mujeres.
Finalmente, la presidenta del CAA ha expuesto como uno de los retos más exigentes, pero “ineludible”, la intervención frente a conductas y contenidos que puedan incitar al odio, a la discriminación y a la violencia de género en los medios de comunicación que operan exclusivamente a través de Internet.
En su comparecencia, Emelina Fernández se ha mostrado convencida de que la corregulación es el camino para conseguir que los medios asuman compromisos claros en la lucha contra la violencia de género, porque, en caso de que no los cumplan, deben resultar “exigibles por parte de la autoridad reguladora”. “Los medios de comunicación no pueden ser neutrales en la lucha contra la violencia machista, sino que han de tomar partido por las víctimas y asumir compromisos en la erradicación de esta lacra”, ha recalcado la presidenta del CAA.
“Tenemos el reto de conseguir que los medios asuman de forma decidida la responsabilidad y funciones que nuestro ordenamiento jurídico les atribuye y que, sin lugar a dudas tienen”, ha explicado la presidenta del Consejo. “Todos los medios deberían asumir las normas que establece la ética periodística”, ha insistido.
Fernández ha reclamado la creación de una Autoridad Audiovisual Estatal que debe tener entre otras competencias promover la igualdad y velar para que los medios de comunicación contribuyan a la erradicación de la violencia de género, y que al igual que el CAA, asuma funciones de elaboración de informes e investigaciones que permitan detectar avances y retrocesos en el tratamiento informativo de la misma.
Tratamiento mediático de la violencia de género, una prioridad para el CAA
El tratamiento mediático de la violencia de género representa una prioridad para el Consejo Audiovisual de Andalucía, como ha explicado Emelina Fernández a los miembros de la Subcomisión. Desde el año 2010, el CAA realiza un seguimiento pormenorizado, cualitativo y cuantitativo, sobre la presencia de la violencia de género en los informativos de las televisiones andaluzas. Estos informes, que se elevan al Parlamento de Andalucía, contienen una serie de indicadores objetivos que permiten evaluar los avances o retrocesos que se producen.
En este sentido, Fernández ha querido destacar y reconocer ante la Subcomisión el compromiso de los medios por situar la violencia de género entre los asuntos de mayor relevancia informativa, pero, por otro lado, ha reclamado más esfuerzos para mejorar muchos aspectos del tratamiento informativo. “Es frecuente –ha dicho- encontrar informativos y otros programas en los que se vulneran derechos fundamentales de las víctimas y de sus familias, o la difusión de rumores y conjeturas sobre la intimidad de éstas que les causan desprotección e indefensión”.
La última iniciativa del Consejo Audiovisual de Andalucía ha consistido en la elaboración de una Guía para el Tratamiento Informativo de la Violencia de Género, que ha sido redactada en colaboración con la Fiscalía de Violencia de Género, el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, el Instituto Andaluz de la Mujer, representantes de los grupos políticos del Parlamento andaluz y personas de reconocido prestigio en la materia.
Se trata de un documento breve y de fácil manejo que resulta de un exhaustivo análisis y actualización de los códigos deontológicos y recomendaciones existentes en España sobre la materia, así como de los informes y resoluciones del CAA sobre casos prácticos de intervención. El documento surge de la necesidad de preservar el derecho a la libertad de información que, en el caso del tratamiento informativo de la violencia de género, ha de conciliarse con la responsabilidad y las obligaciones legales que afectan a los medios y los periodistas.