En la asamblea anual de la Red de Instituciones Reguladoras Mediterráneas (RIRM), que agrupa a 26 entidades de 23 países, Fernández ha explicado que la necesidad de establecer medidas de protección al menor es una demanda social ante el imparable avance de internet y la generalización de su uso a edades muy tempranas, y ha recordado que según los datos del Barómetro Audiovisual de Andalucía, las dos terceras partes de los andaluces padres son partidarios de ampliar las competencias del Consejo Audiovisual para que regule también contenidos en internet. Los padres se muestran preocupados por el acceso a contenidos inadecuados para su edad a los que pueden acceder libremente los menores en la red.
En la sesión `Cohesión social y entorno digital: Alfabetización mediática y protección de menores´ de la asamblea de la RIRM, Fernández ha recordado algunas iniciativas del CAA en este ámbito como el decálogo con recomendaciones para la protección de menores en internet dirigido a padres y familiares. Pero como ha advertido, “la alfabetización mediática es un proceso complejo que requiere de una responsabilidad compartida”, y que no solo atañe a las familias.
La presidenta del CAA ha asegurado que “la comunidad educativa está llamada a ser el principal instrumento para la puesta en marcha y desarrollo de acciones concretas de alfabetización mediática”. La nueva Ley de Comunicación Audiovisual actualmente en trámite parlamentario reconoce el derecho de los ciudadanos a la alfabetización mediática, y prevé la elaboración de estrategias para fomentarla que incluye la incorporación de la educación en medios en los contenidos curriculares de las distintas etapas de escolarización obligatoria.
En la Asamblea, que este año ha estado dedicada a `La regulación al servicio de la cohesión social en un entorno digital´, ha participado también la consejera del CAA Carmen Morillo, quien ha presentado la planificación de un grupo de trabajo sobre violencia de género. Este grupo va a realizar un análisis sobre la legislación en la materia de cada país representado en la Asamblea y se van a recoger 22 indicadores que cada órgano regulador deberá aplicar en el territorio de su competencia para que el estudio sea homogéneo y pueda realizarse una comparación. El objetivo final es la elaboración de unas recomendaciones para el tratamiento informativo de la violencia de género en todos los países miembros.