El acto ‘La influencia en Internet: ¿Cómo regularla?’ ha reunido a expertos en regulación del sector audiovisual, Derecho Digital y creación de contenidos en red
El Foro Enfoques sobre la influencia en internet ha puesto de manifiesto la complejidad de regular la actividad de los vloggers o creadores de contenidos independientes, la necesidad de una influencia responsable y el reto de encontrar el equilibrio entre la innovación y el respeto de los derechos de los menores y consumidores, a la vez que se ha advertido de que la nueva normativa llega tarde y con limitaciones. Organizado por el Consejo Audiovisual de Andalucía y el Colegio de Abogados de Sevilla, el acto ‘La influencia en Internet: ¿Cómo regularla?’ ha reunido a expertos en regulación del sector audiovisual, en influencia y Derecho Digital en torno a una mesa de debate sobre un tema de gran actualidad e importante repercusión social por el poder de esta influencia.
En España hay cerca de 8.000 influyentes que se han convertido en profesionales de la creación de contenidos en internet, y más de 134.000 personas cuentan con más de 1.000 seguidores en algunas de sus cuentas en redes sociales, según el Libro Blanco de la Influencia Responsable elaborado por ICmedia con el apoyo de la Unión Europea. Ser youtuber se han convertido además en una de las principales aspiraciones profesionales para los niños entre 4 y 16 años, como muestra la encuesta de Adecco sobre ¿Qué quieres ser de mayor?.
Ante esta situación, que coincide asimismo con un cambio normativo de gran calado por la próxima entrada en vigor de la la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual, cuyo proyecto fue aprobado por el Parlamento el pasado 26 de mayo y deberá pasar ahora por el Senado, el periodista y consejero del CAA Paulino García, moderador del foro, ha explicado que se hacía necesario analizar y debatir sobre el tema. El acto ha contado con la participación de Alejandra de Iturriaga, directora de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC); Miguel Langle, director de Asuntos Regulatorios y Relaciones Internacionales de Atresmedia; Jesús Fernández Acevedo, abogado, delegado de Protección de Datos y speaker en materia de Derecho Digital, y Mónica Vicente, influencer, escritora, empresaria y madre de The Crazy Haacks y Lady Pecas, canales de Youtube con millones de seguidores.
Miguel Langle, que es también vocal de UTECA (Unión de Televisiones Comerciales Asociadas) y experto en Derecho Informático, ha señalado que “los operadores tradicionales llevamos quince años reclamando las mismas reglas para todos” y que ahora la normativa llega muy tarde, “porque internet va siete veces por delante que el tiempo común”, y “nace vieja, porque la propia directiva europea de 2018 que ahora se traspone ya nació vieja también”.
El proyecto de ley presenta como principales novedades la regulación de las plataformas de intercambios de vídeos, como Youtube, Instagram, TikTok, Twitch, etcétera, y el establecimiento de los criterios –que deberán desarrollarse en un reglamento- para que los vloggers o influencers sean considerados servicios de comunicación audiovisual y, por tanto, queden sometidos al nuevo ordenamiento jurídico. En opinión de Langle, la norma peca de “excesiva prudencia” y no fija las mismas obligaciones para todos los operadores, que para estos nuevos agentes o prestadores son menores en materias como publicidad o protección de menores.
La directiva de la CNMC Alejandra de Iturriaga ha destacado que “el reto como regulador es encontrar el equilibrio entre no coartar la innovación, que es importantísima sobre todo en estos momentos de crisis, pero a la vez respetar los valores intrínsecos del derecho audiovisual, como son la protección de los menores y de los consumidores”.
Alejandra de Iturriaga ha explicado que en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia llevan más de dos años trabajando sobre estos nuevos agentes ante el cambio radical de las pautas de consumo, han realizado un visionado de más de 2.000 horas de contenidos de vloggers, especialmente de aquellos más importantes, para determinar el grado de cumplimiento en cuanto a obligaciones de protección de menores o de comunicaciones comerciales, y atendido denuncias de operadores y particulares que denotan la confusión y el desconocimiento ante el problema. Según Iturriaga, España es “pionera” al ser el primer país que incluye a los influentes en la regulación.
El abogado Jesús Fernández Acevedo ha señalado que “aunque no se pueden poner puertas al campo, estamos en una sociedad democrática de derecho y podemos pedir responsabilidad” en un llamamiento a ser “consecuentes”, “autorresponsables” y a dotarnos de un código ético más allá de los límites regulatorios.
Por su parte, la influencer Mónica Vicente, con más de 10 millones de suscriptores en su cuenta de Youtube, ha indicado que el tema de la regulación es muy complejo y confuso aunque ella trata en todo momento de cumplir con las normas, ”¿pero a qué ley atiendo, al de mi país de residencia, al de mis suscriptores que me siguen en todo el mundo, aunque sobre todo en Sudamérica, en donde se editan mis vídeos…? La legislación que se debe aplicar, contesta Miguel Langle, es la del lugar de residencia del generador de contenidos.