El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) se suma al llamamiento realizado recientemente por Patricia Ramírez, madre del pequeño Gabriel Cruz asesinado en febrero de 2018, para que cese el reiterado uso indebido de imágenes de su hijo por medios de comunicación, páginas webs y redes sociales. El Pleno del CAA advierte así sobre la persistencia y acrecentamiento del problema de la difusión masiva de imágenes no autorizadas, que además incluyen a menudo algún tipo de aspecto degradante, y considera necesaria una mayor vigilancia por parte de las autoridades competentes para frenar su extensión, así como plantear si es necesario una posible ampliación o revisión de la normativa vigente.
El Consejo señala que este problema “ha crecido en paralelo a como lo ha hecho el uso de las redes sociales, donde los controles, la identificación de las autorías y el establecimiento de las responsabilidades en los medios tradicionales se hacen mucho más complejos, aunque exista ya una amplia legislación a escala tanto española como europea a la que acogerse”.
El CAA subraya que usualmente se quiere justificar como imagen de interés informativo la que visiblemente carece de ello, como es el caso denunciado por la madre de Gabriel Cruz, perteneciente a acontecimientos del pasado y ya juzgados incluso. Además, este organismo advierte de “la frecuencia con que son utilizadas imágenes siniestras para captar audiencias, generar ingresos o ganar notoriedad sin consideración ética alguna, entre otras diversas prácticas a menudo muy sofisticadas que inciden en el empleo de imágenes incluso expresamente desautorizadas”.
En este sentido, el Consejo recuerda que el Tribunal Supremo defiende el derecho a la imagen, y los usos denunciados lo vulneran claramente, impidiendo la reproducción o publicación de la imagen por terceros, sea cual sea la finalidad perseguida (informativa, comercial, lúdica o, incluso, científica).
Cabe señalar asimismo que el Consejo Audiovisual de Andalucía promovió, a petición de la propia Patricia Ramírez, un pacto ético entre asociaciones de prensa y distintas entidades para la cobertura informativa del proceso judicial por el asesinato del pequeño, con el objetivo de respectar la imagen del menor y conciliar el derecho a la Información con los derechos de las víctimas.