Así, recuerdan que los consejos audiovisuales fueron creados en toda Europa para garantizar la protección de los derechos básicos de los ciudadanos y las libertades públicas en el ámbito de los medios de comunicación audiovisual.
Los miembros de la CICA defienden que la financiación de los consejos audiovisuales sea transparente, autónoma y reconocida de forma clara mediante una ley. “La crisis económica no puede ser una excusa para que dejen de ejercer sus funciones”, reza este comunicado que añade: “se trata de evitar que los poderes políticos y económicos usen su capacidad de influencia para interferir en la independencia de las autoridades reguladoras”.
Los cuatro organismos reguladores reunidos en Barcelona manifiestan su apuesta por unos medios de comunicación de calidad, entendidos como servicio público, potente y con una financiación que garantice su papel de liderazgo, capaz de aplicar el derecho a una información veraz y al entretenimiento con valores.
El cuarto punto del documento suscrito por los miembros de la CICA reivindica la necesidad de la existencia de los consejos audiovisuales puesto que “protegen y fomentan la libertad de expresión y de información, el pluralismo, la igualdad de género, la dignidad humana, los derechos de los ciudadanos, los derechos de la infancia, de la adolescencia y de los colectivos más vulnerables, la participación de la sociedad civil, la promoción de los valores básicos de convivencia, el derecho de acceso y la neutralidad en el funcionamiento del mercado”.
En este sentido, la declaración concluye recordando que la ausencia o irrelevancia de los consejos audiovisuales constituye “un grave atentado contra la construcción de una sociedad más transparente, participativa y libre”.