El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía y el Consejo Audiovisual de Andalucía cerrarán en las próximas fechas un acuerdo marco de colaboración que tendrá como objetivo reforzar la deontología periodística y contribuir a la formación de los profesionales de la información. Así lo han acordado en la mañana de hoy el decano del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, Antonio Manfredi, durante la reunión que ha mantenido en el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) con su presidenta, Emelina Fernández, y los consejeros presidentes de las comisiones de Contenidos y de Pluralismo del CAA, Carmen Fernández Morillo y Eduardo Castro, respectivamente.
Se trata del primer encuentro formal entre máximo representante de los periodistas andaluces y el CAA tras su elección al frente del Colegio de Periodistas andaluces, el pasado mes de mayo. Este acuerdo esbozado hoy, abierto a los asuntos que ambas instituciones propongan, incidirá en la colaboración para exigir a los profesionales de la información que cumplan los requisitos expresados en las recomendaciones que elabora el CAA dirigidas a los periodistas.
Ambas instituciones han coincidido hoy además en la oportunidad de impulsar los objetivos plasmados en el protocolo de actuación que suscribieron junto con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en mayo de 2012 para mejorar la calidad de la información judicial y las relaciones entre los medios de comunicación y los tribunales, y cuyo primer fruto consistió en la elaboración y publicación de la Guía para el tratamiento informativo de los procesos judiciales, que vio la luz el pasado mes de marzo, dirigido a profesionales de la información y a los trabajadores de la administración de justicia.
Estos objetivos consisten en la puesta en marcha de medidas que garanticen el principio constitucional de información y de publicidad de la justicia desde el rigor, la calidad y el respeto a otros derechos y libertades constitucionales; dar a conocer los principios y características del sistema judicial como poder independiente para la resolución de conflictos; mejorar la imagen de la Justicia haciendo su función más transparente y accesible y, en último lugar, abrir un cauce de diálogo permanente que contribuya a resolver las trabas que dificulten la necesaria relación entre los profesionales de la justicia y del periodismo y a prevenir la reiteración de los problemas observados en el cumplimiento de la misión de informar de los procesos judiciales.