La presidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), Emelina Fernández Soriano, ha trasladado hoy al Parlamento andaluz la creciente preocupación de la autoridad reguladora ante el sensacionalismo informativo y la banalización de la información que se está generalizando en el tratamiento mediático de determinados sucesos en televisión y que supone una vulneración grave de derechos fundamentales.
Fernández Soriano, que ha presentado hoy ante la Comisión de Presidencia del Parlamento andaluz la memoria anual del CAA de 2012, ha llamado la atención sobre este fenómeno en el que el espectáculo y el sensacionalismo priman sobre el ejercicio honesto y responsable del derecho a la información. Entre los mayores exponentes de estas prácticas periodísticas, la presienta del Consejo aludió a la cobertura informativa dada por las televisiones al crimen de violencia de género ocurrido en octubre de 2012 en El Salobral (Albacete), cuya víctima era menor de edad.
A raíz del informe del CAA sobre el tratamiento mediático de este caso en varias televisiones, donde se constataron numerosas infracciones deontológicas que vulneraron derechos fundamentales de la víctima, de sus familiares, así como del resto de implicados en el suceso, se solicitó al Congreso de los Diputados y al Parlamento andaluz que propiciaran un debate sobre los estándares de calidad y ética que deben exigirse a los medios.
Con esta reclamación, a la que el CAA llegó tras comprobar una y otra vez este tipo de prácticas cada vez que se produce un suceso especialmente mediático, el Consejo pretende promover un sistema eficaz de autorregulación o corregulación que establezca un marco legal capaz de garantizar el ejercicio responsable de los derechos y libertades constitucionales que están en juego en el tratamiento informativo de estos sucesos especialmente mediáticos en los que, además, suelen estar implicados menores de edad.
“Debemos evitar que la Justicia sea el único recurso posible ante los incumplimientos graves de normas esenciales, sin las que no puede concebirse el periodismo en particular y la vida democrática en general”, destacó Fernández Soriano, quien recordó que esta cuestión motivó la firma de un protocolo de colaboración del CAA con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, y que cristalizó en primer lugar con la elaboración de una Guía para el tratamiento informativo de los procesos judiciales.
En su comparecencia, la presidenta del CAA aludió también a la pérdida de peso informativo que ha sufrido en 2012 la violencia de género, según constató el informe que el Consejo presentó hace pocos días. En este sentido, lamentó los incumplimientos deontológicos que, además, se vienen produciendo en el tratamiento de esta lacra social. “No podemos regresar a los tiempos en los que los medios de comunicación ignoraban el origen y las tremendas consecuencias de la violencia machista contra las mujeres”, subrayó la presidenta del Consejo.
Fernández Soriano recordó que el año pasado el CAA reclamó la revisión urgente del Código de Autorregulación de Contenidos Televisivos e Infancia tras los cambios introducidos en agosto de ese año en la Ley General de Comunicación Audiovisual, por los que se añadieron la prohibición de emitir escenas maltrato y violencia de género en abierto. El Consejo reclama que se desarrollen normativamente conceptos jurídicamente indeterminados tal y como se expresan en esta reforma legal.
Pluralismo y neutralidad
El informe anual del CAA recoge también la constatación de la ausencia de pluralismo político en algunas televisiones municipales, tal y como ya trasladó el Consejo a la Cámara autonómica el pasado mes de mayo, que alertó de que en determinadas televisiones locales públicas la aparición de los representantes de la oposición en los informativos era estadísticamente despreciable.
Ya entonces, la presidenta del Consejo manifestó la necesidad de dar un salto cualitativo en la medición del pluralismo político con la realización de estudios de neutralidad. Para ello, el CAA ha abierto una línea de trabajo dirigida a definir y consensuar una metodología que permita abordar la elaboración de estudios de neutralidad de los informativos de la RTVA y los noticiarios de la desconexión autonómica de la RTVE, así como de las televisiones públicas locales que presentan un alarmante desequilibrio en los informes de pluralismo del CAA.
La presidenta del Consejo admitió que la lucha contra la manipulación informativa y la falta de pluralismo constituye una carrera de fondo que pasa, necesariamente, por avanzar en cuestiones tan básicas como la educación en medios, si bien, remarcó, “la administración no puede permanecer impasible y mirar hacia otro lado ante situaciones de abusos extremos, como las que se dan en televisiones municipales andaluzas donde la oposición apenas protagoniza el 1,7% del tiempo total de las intervenciones incluidas en la información política”.
Por ello, Fernández reiteró ante los miembros de la Comisión su llamamiento al consenso institucional para adoptar unos criterios firmemente exigibles y que definan de forma clara cuándo un operador público cumple o no con su obligación legal de respetar el pluralismo político.
La persistencia de la crisis asola el sector audiovisual
Además de estas cuestiones, el informe anual del CAA correspondiente a 2012 constata cómo la persistencia de la crisis económica se ceba de forma especial con el sector audiovisual que, además, se encuentra en plena competencia con otras plataformas y soportes por la tarta publicitaria. Esta situación de asfixia económica conllevó en 2012 la unificación de los dos canales de televisión de la RTVA.
El resultado de esta decisión ha sido, por un lado la reducción de la programación infantil y cultural en el operador público andaluz, si bien, cabe destacar, a juicio del CAA, la apuesta por la accesibilidad total de los contenidos para las personas con discapacidad sensorial que ahora es posible en el segundo canal con la subtitulación, la traducción al lenguaje de signos y la audiodescripción. Un nivel de accesibilidad que es nulo en las televisiones autonómicas privadas de Andalucía.
Se da la circunstancia de que de las cuatro licencias de televisión autonómica privada que fueron otorgadas por la administración autonómica en su momento, solo dos fueron puestas en marcha por las empresas adjudicatarias. Las emisiones de una de ellas, Editorial Prensa Alicantina, S.L., eran de carácter local y se circunscribían a las provincias de Málaga y Granada. Ninguna presta ya servicio.
Sólo una televisión privada de carácter autonómico ha sido puesta en marcha. Se trata del operador que emitía bajo el nombre de Avista que, a su vez, arrendó la licencia a Metropolitan TV. En 2012, Metropolitan TV devolvió la explotación de esta licencia a su titular original, que ha centrado su oferta en servicios de chat, televenta y consultas de videncia en detrimento de los espacios informativos.
Tampoco las televisiones locales privadas han sido ajenas a los efectos de la precariedad económica y el consiguiente desplome del mercado publicitario, lo que las ha llevado a la búsqueda desesperada de nuevas fuentes de financiación que rayan la ilegalidad cuando no la pisan, como es el caso de las comunicaciones comerciales expresamente prohibidas en nuestro ordenamiento jurídico.
En este sentido, 2012 se caracterizó por el recurso de estos operadores a la publicidad de los denominados productos milagro, que abarcan sustancias y servicios con pretendida finalidad sanitaria que, en realidad, no se ajustan a criterios de veracidad. Además de suponer un fraude para los consumidores, este tipo de productos podría provocar un riesgo para la salud de en los casos más graves.
El CAA efectuó durante el año pasado más de 50 requerimientos de cese de publicidad de productos milagro. La proliferación de estos anuncios ha sido de tal magnitud que se han expandido a varias televisiones de ámbito estatal, lo que llevó al CAA a reclamar una actuación contundente al respecto de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI).
Canales piratas, contenidos ilegales: una patología generalizada
El informe del CAA constata también que la ocupación ilegal del espacio radioeléctrico, las televisiones piratas, se ha convertido en una de las principales lacras del sector. Un modo de operar inaceptable, insistió hoy la presidenta del Consejo en el Parlamento, que hay que erradicar cuanto antes en atención a la normativa vigente y a quienes se esfuerzan por cumplirla. Más de la mitad de los canales captados por el CAA en 2012 emitían de forma ilegal, una proporción que sitúa a las televisiones piratas como una patología dentro del sector en Andalucía y que se incrementa cada año.
La presidenta del Consejo llamó la atención además sobre el hecho de que a esta vulneración de la normativa “verdaderamente grave”, hay que añadir que buena parte de los contenidos que difunden vulneran también la Ley audiovisual española.
Para terminar con esta situación, el CAA considera necesaria, y así lo viene reclamando desde hace tiempo, una actuación institucional contundente. Para ello, se ha requerido la intervención del Ministerio Fiscal y de la Dirección General de Comunicación Social de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía.
Finalmente, la presidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía aludió a la decisión del Parlamento y del Gobierno andaluz relativa a la elaboración y aprobación de una Ley Audiovisual autonómica. En este sentido, manifestó su deseo de que esta nueva ley recoja y subsane deficiencias detectadas en la legislación audiovisual vigente y dote al CAA de los instrumentos necesarios para ejercer de forma adecuada y eficaz sus funciones.