La presidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), Emelina Fernández, y el presidente de la Fundación Europea por las Personas Desaparecidas QSD Global, Francisco Lobatón, han presentado hoy la “Guía de Buenas Prácticas para el Tratamiento Informativo de las Desapariciones”. El documento contiene una serie de recomendaciones dirigidas a periodistas y profesionales de los medios de comunicación encaminadas a que aborden con responsabilidad y rigor las informaciones sobre estos casos que normalmente generan un gran impacto social y emocional.
Se trata de una guía similar a la que ya elaboró el CAA para el tratamiento informativo de la violencia de género, y son iniciativas con las que, según ha explicado Emelina Fernández, el Consejo “trata de contribuir a que exista un ejercicio responsable del derecho a la información, que respete tanto la ley como los principios deontológicos del periodismo” . La aspiración de la guía es que las informaciones sobre desapariciones sean rigurosas, útiles, respetuosas y alejadas del sensacionalismo”, ha aseverado.
El presidente de QSDGlobal, Francisco Lobatón, ha resumido la Guía en “dos mandamientos”. El primero, que cuando una persona desaparece no desparecen sus derechos y hay que respetarlos; y el segundo, que las familias que sufren una desaparición merecen un respeto.
La elaboración de esta guía es fruto del protocolo de colaboración que el CAA y la fundación QSDGlobal suscribieron el pasado mes de febrero con el propósito de contribuir a que los medios de comunicación “asuman como parte de su responsabilidad social tanto la tarea de dar a conocer los casos de desapariciones de personas, como la de proteger a sus protagonistas por la especial vulnerabilidad en la que se encuentran”. Para la presidenta del CAA, la información sobre personas desaparecidas “debe ser rigurosa, respetuosa y útil, alejada del sensacionalismo”
Una realidad invisible a la sociedad
Aunque hay casos de desapariciones que han llegado a alcanzar una gran relevancia, la realidad es que se trata de un fenómeno de alcance que es todavía muy invisible a la sociedad. Cada año se presentan en España más de 20.000 denuncias por desapariciones, y desde el año 2010 hay acumulados más de 4.000 casos sin resolver, de los que 1.676 corresponden a Andalucía. Por provincias, Cádiz es la que más acumula (588), seguida de Granada (268), Málaga (253), Almería (214), Sevilla (136), Córdoba (123), Huelva (53) y Jaén (41). Por ello, se emplaza a los medios a que incluyan con asiduidad este asunto en sus agendas informativas para que la sociedad conozca la dimensión del problema y contribuir a su prevención.
La Guía está dividida en dos partes. La primera, titulada “El Problema”, enumera una serie de recomendaciones para dar visibilidad a los casos, y para afrontarlos con responsabilidad. Como ha explicado la presidenta del CAA, los medios de comunicación tienen un papel de corresponsabilidad social porque la difusión de las noticias y de datos relevantes puede contribuir a que la ciudadanía ofrezca pistas que puedan ayudar al esclarecimiento de los casos.
Las recomendaciones de este capítulo parten de la consideración de que “la acción informativa debe acompasarse a la prioridad de encontrar a la persona”. Por ello conviene seguir las recomendaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad y procurar encontrar un equilibrio entre el interés general y los derechos particulares de las personas implicadas. “Retener la información que puede poner en riesgo una investigación o vulnerar derechos fundamentales te convierte en mejor periodista y te distancia de quienes ejercen esta profesión sin escrúpulos”.
Respecto a los familiares, que suelen vivir un estrés emocional, hay que respetar su intimidad y su dolor sin caer en el riesgo de que la información derive en espectáculo. Y en cuanto a las personas desaparecidas, obviar aquellos datos que pueden deteriorar su prestigio o causar un daño innecesario a las familias.
La segunda parte, “La Noticia”, emplaza al mantenimiento siempre del rigor periodístico, “incompatible con la difusión de rumores o elucubraciones”, o a cuidar la publicación de imágenes y fotografías difundiendo solo aquellas facilitadas por la familia, entre otros aspectos. También se conmina a respetar la intimidad de los familiares y el derecho de éstos a no conceder entrevistas, así como a evitar dramatizaciones de los hechos en las que se mezclan datos reales y ficticios. También previene sobre la reutilización de materiales de archivo para evitar reverdecer sufrimientos.