El pleno del Consejo Audiovisual de Audiovisual ha aprobado, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una serie de recomendaciones para un mejor tratamiento informativo de la discapacidad, a la vez que se aboga por una mayor presencia de estos colectivos en los medios de comunicación.
En Andalucía, el número de personas con discapacidad a finales del año 2017 era de 601.544. Pese a la importancia de estas cifras, y a la relevancia de los problemas y aspiraciones de este colectivo, el CAA ha constatado su baja presencia en los medios y la abundancia de tratamiento inadecuados, cuando no con contenidos peyorativos, con mantenimiento de estereotipos y actitudes poco favorecedoras de la inclusión social.
Desde el Consejo Audiovisual se considera que una adecuada presentación de la discapacidad en los medios es requisito básico para la normalización de su presencia en el seno de una sociedad avanzada. Y aunque se ha producido un notable avance tanto en la cantidad como en la calidad de la información ofrecida, así como en el uso de una terminología adecuada, existen aún carencias que justifican la redacción de unas recomendaciones sencillas y básicas por parte del CAA.
Lenguaje no discriminatorio
Esta guía para el tratamiento informativo está integrada por catorce recomendaciones, entre las que se incluye la utilización de un lenguaje adecuado, que excluya discriminaciones: se debe emplear así el término de ‘personas con discapacidad’, con el que se pone énfasis en que se habla ante todo de personas y no los vocablos ‘deficientes’, ‘minusválidos’ o ‘retrasados’.
También hay que evitar algunas expresiones paternalistas: en vez de ‘sufre discapacidad’ o ‘padece discapacidad’, es mejor emplear ‘tiene discapacidad’. Si utilizamos sufrir o padecer estamos asimilando la situación de discapacidad a la de enfermedad. El lenguaje no es neutral, puede contribuir a integrar o a marginar y puede ayudar a evolucionar y cambiar.
De este modo, el comunicador debe evitar caer en errores como considerar, por ejemplo, que la discapacidad intelectual es una enfermedad, o que discapacidad intelectual y enfermedad mental son conceptos equivalentes. No hay que olvidar que la imagen que los propios medios proyectan sobre la discapacidad influye directamente en las actitudes y las opiniones del conjunto de la sociedad.
Derecho a la información
El CAA recomienda igualmente que, en los textos informativos que van dirigidos de forma específica o prioritaria a personas con discapacidad intelectual, se utilice un lenguaje claro, sencillo, que favorezca su derecho a la información. Es necesario que los medios, en especial los audiovisuales, realicen un esfuerzo para ganar en accesibilidad mediante la utilización de subtítulos, lenguaje de signos y otras fórmulas con las que generen interés y comprensión entre las personas con discapacidad.
Asimismo, se aconseja como fuentes relevantes de información las asociaciones sobre los diferentes colectivos y las propias personas con discapacidad, con sus experiencias y sus indudables deseos de expresarse y hacerse oír. También es importante que los medios ofrezcan espacios protagonizados y realizados por las propias personas con discapacidad o, al menos, con presencia destacada de ellas.
Sin infantilismos
El Consejo llama también la atención sobre que continúan en los medios estereotipos en torno a sufrimientos, infantilismos o dependencia de las personas con discapacidad, frente a lo cual se aboga por incidir en el derecho a la igualdad, sin rasgos meramente emotivos o paternalistas.
En este sentido, es conveniente no favorecer desde los medios la sobreprotección, pues ésta puede llegar a ser contraproducente al anular la iniciativa e independencia de las persona con discapacidad y no aprovechar su voluntad y sus capacidades.
Son de agradecer así las informaciones sobre logros relevantes de las personas con discapacidad, que menudean, por ejemplo, en el ámbito del deporte. No obstante, hay que tener en cuenta que estas informaciones, planteadas sin una adecuada contextualización, pueden contribuir a consolidar una imagen casi mítica, alejada, sin embargo, de la realidad que viven las personas con discapacidad.
Los medios pueden realizar una excelente labor recordando las dificultades cotidianas con las que se encuentras estos colectivos, agravadas a menudo en los entornos rurales: el precio elevado de los accesorios, desde las prótesis a las sillas de ruedas; el mantenimiento de importantes barreras físicas; la insolidaridad de muchas personas que ocupan, por ejemplo los aparcamientos reservados o la negativa de comunidades de vecinos a construir acceso adecuados.
Denuncia de casos de acoso escolar
Según los datos de UNICEF, el número de casos de acoso y ciberacoso escolar se triplica entre los alumnos con algún tipo de capacidad respecto al resto de los estudiantes. El porcentaje de denuncias, además, suele ser inferior por las circunstancias de los niños y jóvenes, lo que unido a la inexistencia de protocolos antiacoso para estos casos específicos, agrava la situación. El CAA considera que los medios deben contribuir a denunciar el problema, sin sensacionalismos y con respecto a la intimidad, y favorecer la creación de una conciencia social que ayude a reducir y neutralizar estos casos de acoso.
Por otro lado, desde el Consejo se advierte de la vinculación a menudo en los medios entre enfermedad mental, discapacidad y violencia. Son informaciones que, mal planteadas, tienden a mantener e incluso reforzar los prejuicios hacia las personas con discapacidad. No hay que identificar enfermo mental con persona con discapacidad y, en todo caso, la violencia de una persona no debe generalizar a un colectivo.
El CAA subraya, por último, que los medios desempeñan un papel relevante en el ámbito de la discapacidad, sobre todo favoreciendo los cambios de actitud y la superación de barreras mentales en el seno de la sociedad, denunciando discriminaciones, difundiendo iniciativas y objetivos de mejora y divulgando un lenguaje no discriminatorio.
El Consejo Audiovisual de Andalucía, que tiene entre sus funciones la salvaguarda de los derechos de los menores, tercera edad, personas con discapacidad, inmigrantes y otras colectivos necesitados de una mayor protección, comenzó en 2018 a elaborar un informe anual sobre el tratamiento de la imagen de las personas con discapacidad.