Los reguladores recomiendan una mayor presencia de mujeres expertas, prescindir del sensacionalismo y proteger la privacidad de las víctimas entre otras medidas
El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) ha elaborado, junto a la Plataforma de Reguladores del Sector Audiovisual de Iberoamérica (PRAI), una guía de buenas prácticas para impulsar la igualdad de la mujer en los medios audiovisuales y el adecuado tratamiento de la violencia de género. Las recomendaciones han sido desarrolladas dentro del Grupo de Trabajo sobre Representación de Género en las Pantallas del Audiovisual de la PRAI, que lidera el CAA y en el que participan también los organismos reguladores de Chile, Perú, Colombia y Portugal.
Los reguladores audiovisuales consideran que la desigualdad de género es un problema universal y que la realidad revela un preocupante desequilibrio en la presencia de mujeres y hombres en los medios de comunicación, que afecta no sólo a la cantidad y calidad de las intervenciones, sino también a los roles y estereotipos que se transmiten. Ante esta situación, la Guía de Buenas Prácticas recomienda, en primer lugar, una mayor presencia de mujeres expertas, con trayectoria profesional y cualificación en diferentes ámbitos, lo que es aún una asignatura pendiente en los medios y que resulta fundamental para la eliminación de la brecha de género.
La Guía propone igualmente reducir los testimonios anónimos de mujeres en los informativos, ya que se produce un elevado porcentaje de participaciones femeninas sin identificar, fundamentalmente en noticias de sociedad y sucesos, donde las intervenciones suelen ser además más cortas, lo que influye directamente en la diferencia de tiempos de voz entre géneros. Se busca así evitar una sobrerrepresentación femenina entre los testimonios ocasionales y prevenir la invisibilidad de las mujeres.
Los medios deben evitar la transmisión de roles tradicionalmente femeninos y reflejar la participación real de la mujer en los diferentes ámbitos socioeconómicos, a la vez que erradicar el lenguaje, la imagen y los estereotipos sexistas. También se recomienda mostrar la presencia de hombres en roles no tradicionalmente masculinos.
De esta manera, se aboga por incrementar las voces femeninas en temáticas habitualmente masculinas, como deportes, ciencia y tecnología o economía, lo que permitirá una información no solo más equilibrada e igualitaria, sino que reflejará de una manera más fiel la representatividad y participación de la mujer en la sociedad. En esta misma línea, se pide a los medios que favorezcan la presencia de mujeres en espacios de opinión y tertulias.
Y si hay un ámbito o género en el que las diferencias entre hombres y mujeres son especialmente acusadas, ése es el deportivo. Teniendo en cuenta el impacto mediático y la protección social que hoy en día tiene el deporte, los reguladores audiovisuales consideran fundamental aumentar la presencia femenina en este espacio para avanzar en una sociedad más igualitaria. Es imprescindible, por tanto, dar mayor visibilidad al deporte practicado por mujeres y sus logros e incorporar un mayor número de mujeres a las redacciones de deportes.
Los medios deben impulsar igualmente la interculturalidad, con representación de mujeres de diferentes etnias y orígenes culturales, y contribuir a la concienciación sobre la necesidad de una sociedad más igualitaria, transmitiendo valores de equidad y presentado referentes positivos sobre todo para los más jóvenes.
Asimismo, se hace necesario incrementar la presencia de mujeres en la dirección de los medios y ante las pantallas, en la presentación de los programas informativos, e incidir en que la desigualdad es un problema de toda la sociedad.
Sin espectáculo ni sensacionalismos
Los organismos reguladores del sector audiovisual entienden, por otro lado, que la violencia de género es la consecuencia más grave de la desigualdad entre hombres y mujeres, y los medios también juegan un papel fundamental como motor de los cambios sociales para erradicarla. En este sentido, el documento de la PRAI hace hincapié en que la violencia machista no tiene justificación, “por lo que los medios deben evitar cualquier relación causa-efecto o buscar explicación alguna a los casos de violencia de género”.
También se aconseja no abordar la violencia de género como un suceso o un hecho aislado, puesto que se trata de un problema grave y complejo de vulneración de los derechos humanos. Una información responsable debe ofrecer así datos y argumentos de contextualización, que permitan entender la dimensión global de esta lacra, ayuden a reflexionar, incidan en la prevención y reflejen el rechazo social y las consecuencias judiciales para el agresor.
La guía propone la utilización de un lenguaje e imágenes apropiados para luchar contra la violencia de género, desterrando expresiones que pueden falsear la realidad, como “violencia doméstica”, “de pareja”, “familiar” o “crimen pasional”, o mensajes que contribuyan a banalizar el problema o a responsabilizar a las mujeres y exculpar al agresor.
Se insiste además en la importancia de prescindir del sensacionalismo, la espectacularización, el dramatismo y el morbo, tanto en la forma como en el contenido de las informaciones, evitando datos, descripciones o imágenes detalladas, escabrosas o impactantes que desvíen el foco de atención a lo realmente importante. Del mismo modo, se recomienda acudir a fuentes de información cualificadas, especializadas y de solvencia contrastada.
No es un problema femenino
La violencia de género es un problema global de toda la sociedad que afecta a los derechos humanos, por lo que hay que eliminar la idea de que incumbe sólo a las mujeres. Los menores, hijos e hijas de las madres que sufren violencia, también son víctimas cuyos derechos se vulneran con graves secuelas personales y sociales. Resulta así valioso mostrar estas consecuencias y contar con voces masculinas autorizadas y expertas, que evidencien la implicación de los hombres en un asunto que concierne al conjunto de la sociedad.
Los medios tienen un compromiso ineludible con la dignidad y el derecho a la intimidad de las víctimas, con especial atención a la protección de los menores. Se debe respetar así siempre la voluntad de las personas implicadas sobre la difusión de su identidad y preservar su anonimato, tener precaución con la utilización de mensajes e imágenes personales difundidas a través de las redes sociales, ya que puede vulnerar el derecho al honor, a la imagen y a la intimidad, y no se debe olvidar la presunción de inocencia como un derecho que debe prevalecer.
La guía subraya asimismo la importancia de hacer visible que la violencia de género tiene solución y que hay mujeres que la vencen. Por ello hay que informar de los recursos públicos que existen para ganar la batalla (teléfono de denuncia, centros de acogida, servicios especializados, etcétera), de las sentencias condenatorias, de la respuesta social y, si procede, de la recuperación de las víctimas. También se pide a los medios que diversifiquen la información, incluyendo la violencia de género como asunto de interés social, político e incluso económico, ya que informar sólo de los casos concretos oculta su complejidad y aportar únicamente datos estadísticos deshumaniza el problema.
Por último, el documento de recomendaciones subraya que el tratamiento informativo de la violencia de género puede y debe generar un cambio social, por lo que es conveniente por parte de los medios promover la corregulación con otras entidades, adoptar mecanismos de autorregulación e impulsar la formación de los profesionales de la comunicación. Para ofrecer una información especializada y de calidad es útil elaborar y actualizar códigos éticos y deontológicos propios, así como realizar un seguimiento sistemático de los contenidos relacionados con la violencia de género con el fin de evaluarlos y mejorarlos.
La PRAI se creó en 2010 y está integrada por once miembros: Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) de Colombia; Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC); Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de México; Consejo Nacional de Televisión (CNTV) de Chile; Consejo Consultivo de Radio y Televisión (CONCORTV) del Perú; Entidad Reguladora para la Comunicación Social (ERC) de Portugal; Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) de Argentina; Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de España; Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA); Agencia Nacional de Cine y Televisión (ANCINE) de Brasil, y Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación (CCE) de Ecuador.
Guía de Buenas Prácticas por la Igualdad y contra la Violencia de Género