El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, interviene hoy en una nueva edición del foro de debate Diálogos en el CAA, que en esta ocasión está dedicado a las relaciones necesarias y complejas entre los tribunales de justicia y los medios de comunicación. Bajo el título Prensa y Justicia: publicidad y juicios paralelos, el CAA propone debatir sobre el tratamiento mediático de los procesos judiciales, sobre todo de aquellos con mayor repercusión en la opinión pública, y también analizar la transparencia en la administración de justicia.
Cuestiones como la vulneración de la presunción de inocencia por parte de los medios de comunicación, la conocida como pena de telediario, la filtración interesada de sumarios judiciales o la influencia de los medios sobre los miembros de un jurado popular serán abordadas durante la mañana de hoy en este foro que contará también con la participación del abogado penalista Francisco Baena Bocanegra y la periodista de tribunales de la Cadena Ser Andalucía Mercedes Díaz.
La publicidad de los procesos judiciales y el acceso de los medios de comunicación a los tribunales de justicia es una de las características de las democracias, sin embargo, en ocasiones, estos derechos no pueden ser plenamente ejercidos cuando se prohíbe la entrada de los reporteros gráficos en las salas de vistas.
Estos derechos, asimismo, pueden colisionar con los de las personas encausadas en función del tratamiento mediático de la información de tribunales: La presunción de inocencia, derecho fundamental recogido en nuestra Constitución, se ve también fácilmente malogrado debido a la celebración de juicios paralelos en los medios de comunicación.
Esta cuestión ha preocupado al CAA desde el inicio de su andadura, al constatar cómo en cada proceso judicial especialmente mediático, y singularmente cuando están involucrados menores de edad, el tratamiento ofrecido por determinadas televisiones, donde se mezclan contenidos informativos con fórmulas de entretenimiento, se vulneran sistemáticamente los derechos fundamentales de las personas implicadas. Así ocurrió con el seguimiento del caso Marta del Castillo, hasta el punto de que el Consejo trasladó a la Fiscalía una serie de infracciones que terminaron en sanción.
Tratamiento mediático de la falsa violación de Málaga
Recientemente, el CAA ha constatado en un informe la vulneración sistemática del derecho a la presunción de inocencia en el tratamiento ofrecido en cinco televisiones al caso de la denuncia falsa de violación de una joven en Málaga, ocurrida en agosto, y en el que se vieron implicados cinco jóvenes (dos de ellos menores de edad). El hecho concitó una amplia cobertura mediática debido a sus componentes: supuesta violación múltiple, menores implicados, entorno ferial y debate sobre seguridad ciudadana, grabación de relaciones sexuales con móvil, denuncia falsa, etc.
Tres días después de que la joven presentara la denuncia, la juez que instruyó el caso decidió archivarlo al concluir que no podía probarse la existencia de una agresión sexual. Y un mes después, la joven admitió que interpuso una denuncia falsa y fue condenada a pagar una multa y a diez meses de prisión.
Sin embargo, como ha comprobado el CAA, los informativos y los magacines de las televisiones analizadas abordaron esta cuestión a base de elucubraciones, juicios paralelos, grandes dosis de sensacionalismo y con la difusión de informaciones erróneas que afectaban a principios básicos como la presunción de inocencia de los detenidos. Un derecho fundamental que no fue respetado en ninguna de las cadenas analizadas (La1, Telecinco, Antena3, Canal Sur TV y Onda Azul), que incluso difundieron –excepto Onda Azul- el dato erróneo de que los detenidos habían reconocido ha agresión. Así, el uso de las expresiones “presunto” o “supuesto” se convirtió en un mero formulismo.
En el magazine de La1 se puso el énfasis en el detalle sin contrastar de que en el momento de la detención los jóvenes estaban “tranquilamente desayunando”. A partir ahí, se arrojan conclusiones sobre su carácter frío y su impunidad. En el mismo espacio, una colaboradora vierte juicios de valor sobre la etnia gitana que nadie corrige: “Cuando esos chicos fueron a declarar, todos sus familiares y todo su clan estaban allí presionando, presionando”. La presentadora avala esta valoración al afirmar: “Una familia paya seguramente hubiera estado en casa para que no se les reconociera, no se les identificara con los acusados y, sin embargo, es verdad que estas familias gitanas van siempre en piña”.
El magazine de Telecinco sólo trató el asunto un día, al inicio del caso, sin cuestionar la culpabilidad y dando por hecha una futura condena: “Están a buen recaudo, y cuidado, que es un delito de violación… se van a pasar una buena temporadita en la cárcel”. Los informativos de esta cadena, en cinco de las siete noticias que dedicó al caso, acudieron a fuentes no autorizadas, como familiares, vecinos y otros actores ocasionales.
En su informe, el CAA advierte de que todas estas prácticas contribuyen a la celebración de juicios paralelos, una deriva perniciosa alimentada por el tratamiento extenso de este tipo de casos en los magacines. En estos casos, una vez agotada la información disponible del proceso judicial –normalmente escueta como consecuencia del secreto sumarial- este formato televisivo, compuesto de un presentador o presentadora y tertulianos que expresan su opinión sobre asuntos dispares, propicia la aparición de elucubraciones y juicios de valor.
La información judicial precisa utilizar un léxico adecuado y específico a su naturaleza, lo que ocasiona que personas no expertas –incluidos los tertulianos de los magacines- en ocasiones difundan consideraciones y términos erróneos dada su falta de especialización. Así sucedió en los magacines y los informativos de La1, Telecinco y Onda Azul, que calificaron a los jóvenes detenidos como “acusados”, cuando al tratarse de una fase de instrucción el término adecuado era “imputados”. En el magacín de La1 un colaborador afirmó, sin que nadie lo corrigiera: “No son inocentes, puesto que están con cargos. Es decir, no pueden ser inocentes, de inocentes nada. Han salido con cargos, por tanto son culpables por ahora”.
El CAA ha comprobado que ninguna de las cadenas rectificó las numerosas informaciones erróneas y sin contrastar que se ofrecieron durante los primeros días, y se limitaron a informar del giro del caso.
Guía para el tratamiento informativo de los procesos judiciales
La especialización y formación de los periodistas de tribunales es uno de los requisitos imprescindible para conseguir una información de calidad que cumpla con los principios constitucionales y con los derechos fundamentales de las personas implicadas en un proceso judicial. Por ello, el CAA, en colaboración con el TSJA y el Colegio de Periodistas de Andalucía, editó en 2013 una Guía para el tratamiento informativo de los procesos judiciales. Un documento que detalla las fases de un proceso judicial, aclara aspectos relacionados con el lenguaje técnico que caracteriza este tipo de información y plasma los límites a la libertad de información cuando existen menores de edad implicados o están en juego otros derechos fundamentales.
Esta herramienta se dirige también a los profesionales de la Administración de Justicia, que debe garantizar la igualdad de trato a los medios en el acceso a las dependencias judiciales y asumir la lícita presión a la que pueden estar sometidos juicios y procesos judiciales que suscitan interés general.