Se han dado los primeros pasos en la definición de un marco estable de cooperación entre los distintos consejos y entidades actualmente establecidos en la península ibérica.Fruto de las discusiones mencionadas, los representantes de las señaladas instituciones formulan públicamente la siguiente declaración:
“El sector de la comunicación audiovisual, cada vez más amplio y tendencialmente diverso, constituye un factor clave en la creación de las condiciones que permiten el pleno desarrollo de la democracia y el acceso y la participación de los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
La continua evolución de las plataformas de difusión de contenidos audiovisuales, así como la tendencia hacia la liberalización del sector no impide, más bien al contrario, recordar y enfatizar la vigencia de un buen número de valores, principios y derechos de relevancia constitucional, recogidos también por el ordenamiento comunitario y en el seno del derecho internacional de la protección de los derechos humanos. Hay que citar, en este ámbito, la protección de la dignidad de las personas, la evitación de incitaciones al odio por motivos de raza, sexo, religión o nacionalidad, la garantía de la honestidad informativa, la protección de los menores y de otros públicos vulnerables frente a determinados contenidos, la garantía del pluralismo, la adecuada protección del consumidor frente a ciertas formas de comunicación comercial, o la previsión de determinadas misiones y límites con relación a los contenidos difundidos por los medios públicos.
La creación a lo largo de los últimos años de autoridades independientes de regulación de la comunicación audiovisual y el desarrollo progresivo de sus actividades responde, precisamente, a la necesidad de tutelar de modo efectivo los señalados principios, derechos y valores. Estas entidades constituyen, en nuestros sistemas políticos y constitucionales, así como en la cultura jurídica europea, un instrumento imprescindible para garantizar el acceso de los ciudadanos a un espacio público de comunicación diverso, equilibrado y libre.
Por todo ello, las autoridades de regulación reunidas en Lisboa continuarán trabajando por el respeto, la aplicación y el desarrollo de todos los mecanismos de carácter jurídico e institucional que permitan garantizar, de modo efectivo, que el ejercicio de sus atribuciones pueda llevarse a cabo en condiciones de plena independencia.
Esta independencia supone, en primer lugar, que las entidades de referencia llevan a cabo sus actividades de acuerdo con su propio criterio y conocimiento del sector, sujetas exclusivamente a los mandatos del legislador y la Constitución, sin encontrarse condicionadas por directivas o mandatos políticos y disponiendo de los recursos necesarios para el ejercicio de sus funciones. En segundo lugar, supone también que las autoridades de regulación de la comunicación audiovisual ejercen sus potestades sirviendo de forma objetiva el interés general dentro de la esfera pública audiovisual, sin interferencias vinculadas a intereses de naturaleza privada.
Enconsecuencia, las entidades y consejos reunidos en Lisboa manifiestan su especial compromiso en la preservación de un espacio público de comunicación social como espacio de ciudadanía esencial, diverso, plural y libre, en el cual se encuentre garantizada una verdadera y efectiva libertad de expresión y de información, preservada de cualquier forma de influencia o limitación ilegítima ejercida por poderes públicos o privados.
Sobre la base de todos estos principios, los consejos y entidades reunidos en Lisboa, en tanto que autoridades independientes de regulación de la comunicación social, han decidido y anuncian su voluntad firme de cooperar activamente, con la finalidad de establecer procesos de diálogo orientados a desarrollar, en el marco de esta declaración, un intercambio de informaciones, experiencias y buenas prácticas”.