El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) ha valorado las medidas adoptadas por los medios de comunicación de su competencia para evitar la difusión de imágenes de menores en las informaciones emitidas relacionadas con el caso Marta del Castillo.
El pasado 19 de febrero, el CAA decidió analizar el tratamiento informativo que televisiones de ámbito nacional, autonómico y local habían dado durante los días 14, 15, 16 y 17 de ese mismo mes a la desaparición en Sevilla de la menor Marta del Castillo. Las conclusiones del informe elaborado por la Institución (que, tras previa petición, se enviaron a Fiscalía) demostraron que hasta en 374 ocasiones podían localizarse emisiones susceptibles de considerarse intromisiones ilegítimas en la intimidad de los menores, 118 de las cuales correspondían a las televisiones del ámbito competencial del CAA (Canal Sur TV, Canal Sur 2, desconexiones de TVE para Andalucía, Sevilla Tv y CRN Giralda –CRN Digital TV desde el pasado mes de abril-).
A raíz de estos datos, el Consejo Audiovisual decidió seguir realizando un seguimiento de las emisiones sobre este caso en los operadores de su competencia para proteger los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen de los menores de edad y que se ha prolongado aproximadamente durante un mes, desde el pasado 27 de marzo hasta el 26 de abril. Los resultados de este último informe del CAA han sido concluyentes: de 410 programas informativos y magacines estudiados en ese período de tiempo, ninguno difundió imágenes ni datos que hayan podido contribuir a la identificación de menores de edad.
Destaca de esta manera el contraste entre los datos resultantes del Informe general sobre el tratamiento informativo del caso Marta del Castillo (basados en las imágenes emitidas entre los días 14 y 17 de febrero), y este último Informe del CAA sobre el seguimiento posterior de las emisiones en Andalucía de los operadores, hecho que demuestra, en opinión de los miembros del Pleno del Consejo, que preservar los derechos de los menores no tiene por qué suponer una limitación respecto al derecho a la información sino que, por el contrario, contribuye a una mayor cualificación de ésta.