El Consejo Audiovisual de Andalucía considera necesario que la nueva Ley, cuya tramitación está a punto de concluir, introduzca mejoras en cuanto a la protección de la infancia respecto de los contenidos audiovisuales y concrete los límites que el texto actual fija para la publicidad. También cree pertinente que la futura Ley establezca mecanismos de colaboración y coordinación entre el futuro Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) y los organismos reguladores de carácter autonómico ya existentes, así como establecer mecanismos de corregulación entre el Estado y los propios operadores.
Estas son las principales conclusiones del Informe sobre las Consideraciones acerca del Proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual que aprobó hoy el CAA en un Pleno extraordinario, que acordó además trasladar dicho informe a los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado, a los portavoces de los grupos parlamentarios de ambas cámaras, así como a las presidencias de la Junta de Andalucía y del Parlamento andaluz. Dicho informe se puede consultar ya en la página web del Consejo Audiovisual de Andalucía www.consejoaudiovisualdeandalucia.es
La futura Ley Audiovisual, según el CAA, mantiene una “enorme indefinición” a la hora de garantizar la protección de los derechos de los menores ante los contenidos susceptibles de perjudicar su desarrollo. El CAA anima a que se aproveche la redacción de esta Ley para concretar qué contenidos son perjudiciales para los menores. Y para ello, propone que se incorporen al texto legal las pautas recogidas en el Código de autorregulación de contenidos televisivos e infancia, suscrito por la mayoría de los operadores de nuestro país.
El CAA también considera imprescindible incluir en la Ley un apartado específico sobre el control parental y mejorar la calificación y señalización de los programas por edades, incluyendo los espacios de promoción.
Nuevas formas de publicidad
En cuanto a la regulación prevista en materia de publicidad, el CAA considera necesario introducir y concretar jurídicamente las nuevas formas de publicidad y el marco legal al que quedan sometidos sus contenidos. Entre otras cuestiones, el Informe aprobado hoy llama la atención sobre la ausencia de una regulación expresa de la publicidad de contactos y servicios sexuales, y también ante la “exigua atención” que el Proyecto concede en materia de publicidad sexista.
Por otra parte, el futuro Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) cuya creación prevé el proyecto de Ley, debería dotarse, según el CAA, de unos mecanismos de relación con los organismos reguladores ya existentes en algunas comunidades autónomas (Cataluña, Andalucía y Navarra) para evitar una posible colisión competencial. En la redacción actual del Proyecto de Ley no está previsto este aspecto. El CAA señala además que la adscripción del CEMA al Ministerio de la Presidencia “supone una ruptura con el modelo establecido en los Consejos Audiovisuales autonómicos y una cierta merma de las garantías de independencia inherentes a las autoridades reguladoras del sector audiovisual en nuestro entorno europeo y en línea con lo recomendado por la Unión Europea”.
El CAA estima, por último, la necesidad de incorporar al texto legal la corregulación en materia de adecuación de contenidos, en la misma línea que establece la Directiva 2007/65/CE, de 11 de diciembre de 2007. Esta disposición insiste en que la “corregulación debe preservar la posibilidad de intervención por parte del Estado en el caso de que no se realicen sus objetivos”. La redacción actual consagra, en cambio, la autorregulación de los propios operadores.