La Ley General de Comunicación Audiovisual estableció que las televisiones de ámbito nacional y autonómico de titularidad privada deben destinar cada año el 5% de los ingresos del ejercicio anterior conforme a su cuenta de explotación a la producción europea de cine, series y películas para televisión, así como documentales y productos de animación. Para las televisiones públicas estatales o autonómicas, la Ley eleva este porcentaje de inversión al 6% de sus ingresos de explotación, y atribuye al CAA el control y seguimiento de estas ayudas en nuestra comunidad.
Sin embargo, no existe una interpretación común aceptada por las dos partes –productores audiovisuales y RTVA- en cuanto al volumen general de inversión que prevé dicha Ley.
El encuentro celebrado ayer es la continuación de la reunión mantenida el pasado 21 de marzo entre la presidenta del CAA y los representantes de la Asociación de Empresas de Producción Audiovisual y Productores Independientes de Andalucía (AEPAA-APRIA) y la Plataforma de Empresarios y Creadores del Audiovisual Andaluz (PECAA), en el que la presidenta del Consejo se comprometió a sentar en la misma mesa a los productores y a los representantes de la RTVA.
Tanto el director de la RTVA, Pablo Carrasco, como los presidentes de la AEPAA-APRIA, Manuel Gómez Cardeña, y el de la PECAA, José Antonio Hergueta, se han comprometido a consensuar los criterios de inversión para 2012 que prevé la Ley, para lo que crearán un grupo de trabajo que ha de volver a reunirse en las próximas semanas. Todos coincidieron, sin embargo, en destacar el papel desarrollado hasta ahora por el operador público andaluz en la promoción e inversión en la industria audiovisual andaluza que, según dijo el director de Antena de la RTVA, Mario López, superó los 7 millones de euros entre los años 2009 y 2010.
Las obligaciones legales de las televisiones con la producción audiovisual
Además de fijar el porcentaje que los operadores de televisión públicos y privados han de aportar a la financiación de la producción audiovisual, la Ley establece que esta contribución podrá efectuarse de forma directa en la participación de su producción o en la adquisición de los derechos de explotación.
Asimismo, prevé que de la cifra total que cada televisión ha de invertir al año, las privadas destinarán como mínimo el 60% a producciones cinematográficas, y siempre más de la mitad de ese porcentaje a productores independientes. Para las públicas esta cuota se sitúa en el 75%. Asimismo, deben destinar como mínimo un 40% de su aportación -el 25% en las públicas- a películas, series o miniseries para televisión. Las televisiones locales que no formen parte de una red nacional están excluidas de estas obligaciones.
Según datos de la Consejería de Cultura, en Andalucía existen 697 empresas dedicadas al sector de la producción audiovisual que, en conjunto, generan el 9% de la producción del sector audiovisual español, lo que coloca a Andalucía en el tercer lugar, después de los grandes centros de producción que son Madrid y Barcelona. En 2008, según el último balance publicado por la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Andaluces, en la comunidad se facturaron 162 millones de euros y se empleó directamente a 1.275 trabajadores.