La presidenta del CAA advierte de la necesidad de una legislación audiovisual andaluza que refuerce la acción y las competencias del Consejo

La presidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), Emelina Fernández Soriano, planteó hoy en el Parlamento andaluz la necesidad de que el Consejo cuente con capacidad de control sobre los negocios jurídicos de los operadores de radiotelevisión. De esta forma, explicó, la conveniencia de otorgar o no una licencia se realizaría sobre la base de los contenidos que se están emitiendo y no, únicamente, desde un punto de vista meramente administrativo. Así, además, se podría impedir la concentración de medios y la consolidación de mensajes únicos. La grave crisis económica por la que atraviesa el país, no prevista en el momento de la adjudicación de licencias, ha propiciado el traspaso, alquiler o venta de las mismas. Y este hecho, recordó la presidenta del CAA, ha desdibujado los objetivos inicialmente previstos por la administración en cuanto a programación y calidad a la hora de otorgar la licencia. Fernández Soriano llamó la atención sobre el hecho de que el libre mercado de licencias ha entorpecido, en ocasiones, la acción del CAA a la hora de actuar por incumplimientos por parte de algunos operadores en sus emisiones
Fernández Soriano compareció hoy por primera vez ante la Comisión de Presidencia e Igualdad del Parlamento andaluz desde su nombramiento, en abril de 2011, para dar cuenta del Informe Anual del CAA correspondiente al año 2011 y también del 2010. Dos ejercicios que estuvieron marcados, explicó la presidenta del CAA, por la implantación de la TDT y la aprobación de la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA).
En el caso de la implantación de la TDT, la presidenta del Consejo destacó que ésta no ha cumplido en términos generales con las expectativas creadas en cuanto al aumento de la calidad y la oferta de contenidos, ni tampoco en lo relativo a la ordenación del sector que pretendía garantizar la igualdad de condiciones de competencia. Así lo constatan, recordó Fernández, los informes de contenidos emitidos por las televisiones andaluzas que el CAA elabora anualmente desde 2010, en los que se revela que más de la mitad de las señales de televisión local que capta el Consejo ocupan frecuencias libres de TDT sin la correspondiente licencia de emisión que otorga la administración autonómica.
“La presencia de estos canales, conocidos coloquialmente como piratas, supone una competencia desleal y un agravio respecto a los prestadores que han cumplido estrictamente con los requisitos exigidos para emitir”, resaltó la presidenta del CAA. A esta situación irregular hay que añadir que las emisiones de la mayoría de estas televisiones sin licencia consisten en videncia y esoterismo en horario de protección infantil, cuestión que prohíbe taxativamente la Ley. Este fenómeno, en opinión del Consejo, debería fijarse como una prioridad en la agenda de los órganos administrativos y judiciales competentes.
 

Más de 109.000 horas de televisión catalogadas en 2011
La presidenta del CAA puso en valor el sistema de seguimiento de medios del Consejo, una herramienta fundamental para vigilar el cumplimiento de la normativa en materia de programación de contenidos audiovisuales y emisión de publicidad, para la elaboración de numerosos y variados estudios y que proporciona la mayoría del material analizado por la Oficina de Defensa de la Audiencia (ODA). En 2011, el sistema estaba dotado de 23 centros captadores que abarcan aproximadamente el 70% de la población andaluza. El año pasado, el volumen de horas archivadas fue de algo más de 375.000.
Desde 2010, las mejoras en este sistema han supuesto un aumento considerable de horas catalogadas, al pasar de 60.000 en 2010, a 109.000 horas en 2011. Gran parte de este tiempo corresponde a la catalogación de los contenidos de las cinco cadenas autonómicas que operaban en Andalucía en 2011: dos públicas (Canal Sur TV, Canal Sur 2) y tres privadas (Metropolitan TV, Canal 21 y Málaga TV), así como una muestra significativa de los contenidos difundidos por 55 televisiones locales. También se captaron los contenidos emitidos por 67 canales que carecían de título habilitante. Se trata, subrayó Fernández Soriano, de una labor de catalogación y análisis por parte del Consejo, pionera dentro del conjunto de comunidades autónomas de nuestro país.  
Esta herramienta ha permitido comprobar una mayor apuesta de los prestadores de servicio público por los contenidos de información que cubren, recordó la presidenta del CAA, un derecho básico de la ciudadanía, en contraposición con la programación informativa de las televisiones locales privadas, que representa menos del 10% de sus emisiones totales.
Fernández Soriano destacó el caso de una cadena autonómica privada que en 2011 dedicó el 41% de su programación a la emisión de contenidos de videncia, también en la franja de protección infantil. Hechos que llevaron al Consejo Audiovisual de Andalucía a requerir el cese de emisiones y a abrir un expediente que culminó con una sanción de 135.000 euros como responsable de una infracción continuada grave.

Más competencias para defender de forma más eficaz el pluralismo
El análisis y la defensa del pluralismo político en las televisiones públicas de Andalucía es una de las tareas constantes y prioritarias del Consejo, tal y como recordó la presidenta del CAA, que subrayó que se trata de un principio consustancial y básico de las democracias. En este sentido, repasó los resultados del informe correspondiente a 2011, en el que se puso de relieve una mayor presencia de los representantes de la oposición en casi todas las televisiones públicas bajo estudio del CAA.
Fernández Soriano, no obstante, destacó ante los miembros de la Comisión parlamentaria de Presidencia e Igualdad la preocupación del Consejo por el comportamiento de ciertas televisiones municipales en las que el tiempo de palabra que se da en los informativos a los actores políticos de la oposición no supera el 3%. De hecho, la falta de pluralismo político se ha convertido en primer motivo de queja en la Oficina de Defensa de la Audiencia.
Ante esta situación, trasladó al Parlamento que, de existir unos criterios claros en lo relativo a la medición de los niveles de pluralismo político y si el Consejo Audiovisual contara además con las correspondientes medidas coercitivas, sería posible actuar de forma aún más eficaz para asegurar una plural representación de todas las opciones ideológicas. En este sentido, la presidenta del CAA se puso a disposición del Parlamento andaluz para consensuar esta cuestión y volver a comparecer ante la Comisión con los resultados del informe anual de pluralismo político de 2012.
El fomento de la igualdad y la protección de los derechos de los menores son otras de las líneas estratégicas del Consejo, tal y como recordó su presidenta, quien detalló que la mayoría de los incumplimientos detectados en 2011 estuvieron relacionados con infracciones por emisión de contenidos inadecuados en horario de protección infantil.
Fernández Soriano también alertó ante la consolidación de ciertas inercias “que tienden a convertir la información en espectáculo para aumentar los índices de audiencia, sin reparar en el grave daño social que estás prácticas, alejadas de la deontología periodística, entrañan”. En este sentido, recordó la intervención del CAA el año pasado a cuenta de la retransmisión de juicios mediáticos celebrados en nuestra comunidad, que motivó además una treintena de quejas en la ODA.