“El desafío de los próximos años no es lograr que las cosas vuelvan a ser como antes de la crisis en el sector audiovisual, sino consensuar un nuevo escenario comunicativo para la era digital”, afirmó hoy lunes la presidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), Emelina Fernández Soriano, durante la conferencia que pronunció en el Ateneo de Málaga encuadrada en el ciclo ‘Tribuna Ateneo-Medios de Comunicación’.
La presidenta del CAA, que fue presentada por la Fiscal Delegada de Andalucía en Violencia de Género, Flor de Torres, denunció la erosión que han sufrido durante los últimos años los medios públicos, a pesar de prestar un servicio esencial a nuestra democracia. “Creo –dijo- que tenemos que reflexionar sobre la posibilidad de que se esté aprovechando la crisis para intentar desmantelar el sector público de la comunicación y la cultura, al que, paradójicamente, el discurso europeo oficial califica como palanca esencial para salir de la recesión”.
A lo largo de su alocución, que llevó por título ‘Democracia y medios: periodismo ético frente al espectáculo informativo’, advirtió de que “el maltrato a los medios de todos no es lo único ante lo que debemos permanecer alerta: la precariedad laboral, la falta de independencia informativa y, sobre todo, la banalización de la información constituyen, en mi opinión, las principales amenazas del periodismo en nuestro país. La información es un derecho, no un espectáculo”.
En este sentido, Emelina Fernández Soriano subrayó que la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, el aumento de los juicios paralelos o la violación del derecho al honor y la intimidad de los menores son demasiado frecuentes en nuestros medios. “Todos ellos –añadió- son fenómenos que hay que enmarcar dentro de una inquietante tendencia a convertir la información en espectáculo y que, hoy por hoy, resultan habituales en los platós de televisión a pesar de que pueden acarrear graves consecuencias para las personas afectadas”.
La presidenta del CAA defendió que la transparencia de los procesos judiciales es un elemento básico del sistema democrático, “pero no pueden ignorarse, o incluso atropellarse –advirtió-, otros derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Por su parte, los profesionales de la Administración de Justicia han de asumir con normalidad la publicidad y crítica de las actuaciones judiciales”.
Recordó que la libertad de información está inexorablemente unida al derecho de la ciudadanía a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, como reconoce la Constitución española en su artículo 20, y que estos derechos no pueden restringirse mediante ningún tipo de censura previa. No obstante, matizó que existen límites a los mismos como el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen o a la protección de los menores.
Para conservar este equilibrio de derechos, Emelina Fernández recordó que es necesario contar con unos medios de comunicación comprometidos y responsables que informen con veracidad y rigor, con precisión, independencia e imparcialidad. Es más, el compromiso de los medios con la sociedad no puede acabar aquí, añadió, “también es importante que se conviertan en plataformas plurales de opinión, en agentes que estimulen el debate, la participación y la reflexión sobre los asuntos que más preocupan a la comunidad en la que se asientan”.
Los debates sustituyen a menudo a la información de calidad
En relación al pluralismo político, señaló que la ciudadanía percibe “una fuerte conexión entre emisoras públicas y gobiernos que provoca una interesada potenciación de determinados aspectos o la arbitraria marginación de otros. Son prácticas que suscitan rechazo y nos empujan a reflexionar sobre cómo sanear los procesos que generan la información política en los medios de todos”. La solución, comentó, “no ha de venir de la mano de los numerosos programas de opinión que en algunas televisiones han sustituido a los informativos. Son debates y tertulias donde, a menudo, se hace un grosero proselitismo de las líneas editoriales del operador y, sobre todo, que resultan más baratos de producir que un informativo riguroso y plural”.
La situación de duopolio consolidado que vive el sector privado, combinada con la ausencia de un regulador audiovisual independiente a nivel nacional, está contribuyendo –en su opinión- a una relajación del comportamiento de las radiotelevisiones privadas en campos como la publicidad o la protección de los menores, y se ha producido una innegable involución en el fomento de la igualdad de género. ¿Cómo podemos hablar de un sistema democrático solvente en una sociedad cuyos medios no fomentan la igualdad y en la que se merman sistemáticamente los derechos de más de la mitad de su población?, se preguntó la presidenta del CCA durante su alocución en el Ateneo malagueño.
Hasta el momento, se ha confiado fundamentalmente en la ética de los propios medios como barrera para evitar la transmisión de mensajes sexistas. Sin embargo, los resultados de esa confianza dejan bastante que desear. Además de los informativos, la ficción y la publicidad, hay determinados espacios de entretenimiento, de la llamada telerrealidad o de canales destinados a una audiencia juvenil, que están difundiendo estereotipos de género en horario de protección infantil.
Con la perspectiva que da el tiempo -la Ley General es de 2010 y algunos importantes códigos éticos son aún más antiguos-, podemos afirmar que la autorregulación ha fracasado en España. “Nuestro país –argumentó Emelina Fernández Soriano- carece de tradición autorreguladora y el incumplimiento de las normas, de los acuerdos y de la ética profesional en los medios tiene, a menudo, coste cero”.
La presidenta explicó que, al margen de las medidas coactivas, de las sanciones o las multas, difícilmente erradicaremos las malas prácticas y las vulneraciones de la ley de nuestras televisiones y emisoras de radio sin la complicidad activa de la propia ciudadanía. Es importante, recordó, que todos y todas seamos conscientes de los derechos que tenemos en el campo audiovisual y tomemos la iniciativa para reivindicarlos cuando no se respeten.