La presidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), Emelina Fernández Soriano, mantuvo el pasado lunes una reunión con los presidentes del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), Roger Loppacher, y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, en la que Fernández puso sobre la mesa la necesidad de reformar y actualizar el Código de Autorregulación de Contenidos Televisivos e Infancia, así como abordar actuaciones eficaces contra las nuevas formas de publicidad encubierta que el CAA ha detectado en canales andaluces y también nacionales, sobre los que no tiene competencias.
La presidenta del CAA manifestó en este encuentro que el Código de Autorregulación de Contenidos Televisivos e Infancia, que data de 2004, es un documento obsoleto. Este código fue acordado entonces entre el Gobierno y las principales televisiones nacionales, públicas y privadas, y las autonómicas, y sirvió de base en 2010 para la elaboración de la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA) en lo relativo a la protección de los derechos de los menores de edad frente a los contenidos televisivos.
Fernández propuso incluir en el mismo las modificaciones de la LGCA realizadas en agosto de 2012, en las que se establecen como prohibidos en horario protegido los contenidos con escenas de maltrato de género y violencia gratuita. Reclamó además homogeneizar los criterios de calificación por edades de los contenidos, ante lo que –alertó- ocurre en la actualidad: ausencia total de una correcta señalización de los contenidos televisivos para la correcta protección de los menores.
Otra de las preocupaciones manifestadas por la presidenta del CAA se centró en las nuevas formas de publicidad detectadas en los operadores andaluces, aunque también en televisiones de ámbito estatal sobre las que ejerce su competencia la CNMC. En estos nuevos formatos, los anunciantes renuncian cada vez más a insertarse en los bloques publicitarios de las cadenas para introducirse en los contenidos.
Se trata, denunció Fernández, de publicidad encubierta, publicidad no señalizada, patrocinios que no cumplen la ley en cuanto al tiempo y la forma de presentación o el emplazamiento de producto. Irregularidades cuya corrección en el ámbito estatal se hace más que necesaria, apuntó, para aliviar además el agravio comparativo que se produce en Andalucía y Cataluña, -donde las actuaciones de ambos consejos sancionan dichas prácticas por parte de las televisiones infractoras- respecto al resto del territorio nacional, donde los mismos comportamientos quedan impunes.
El tratamiento informativo de la violencia de género en televisión y la progresiva banalización y estandarización de estas noticias –donde abundan los personajes circunstanciales u ocasionales y faltan personas expertas que ayuden a contextualizar de forma adecuada estos hechos- fue otro de los temas tratados en esta reunión.
Asimismo, la presidenta del CAA abordó en este encuentro el reto que las nuevas formas de consumir de televisión plantean a la hora de garantizar la protección de los menores. Para superar situaciones de desprotección, planteó que los operadores de pago por visión asuman también el Código de Autorregulación de Contenidos Televisivos e Infancia, y que los contenidos ofrecidos por las televisiones inteligentes o conectadas se adapten a las mismas exigencias a las que están sometidas las televisiones convencionales o lineales.
Por último, expresó que ante los diversos criterios a la hora de interpretar la legislación vigente referida a la obligación de los operadores de televisión de destinar parte de sus recursos a la financiación anticipada de obras audiovisuales europeas, sería conveniente consensuar y aclarar los ingresos que computan a efectos de aplicar el porcentaje de inversión previstos en la ley: el 5 por ciento en el caso de los operadores privados, y el 6 por ciento en los públicos.