La presidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), Emelina Fernández, ha defendido hoy la posibilidad de incluir la perspectiva de género en los procedimientos de otorgamiento de licencias de emisión a los medios de comunicación públicos y privados sujetos a las competencias de la Junta de Andalucía. Fernández ha comparecido hoy ante la Comisión Parlamentaria de Igualdad y Políticas Sociales que tramita la reforma de la Ley para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, donde también ha defendido la adopción de un modelo de corregulación como la forma más eficaz de que los medios cumplan las obligaciones reflejadas en la norma.
Estas son dos de las principales propuestas que ha trasladado la presidenta del CAA a la Comisión de cara a la reforma de esta norma que Fernández ha considerado muy oportuna para adaptarla a los avances sociales, económicos y políticos actuales. En este sentido, ha recordado que Andalucía ha sido siempre una comunidad autónoma pionera en la defensa y la promoción de la igualdad de género.
Respecto a la primera propuesta, Fernández ha defendido que la incorporación de la perspectiva de género en los procedimientos de otorgamiento de títulos habilitantes fomentaría una presencia equilibrada de la mujer en los consejos de administración, la existencia de planes de igualdad en las empresas o el acceso igualitario a los puestos de responsabilidad, entre otras cuestiones.
Relacionado con este aspecto, ha planteado que los medios de comunicación, en el marco de su plan de igualdad o de su política de recursos humanos, dispongan de personas cuyo cometido sea velar por el cumplimiento de los principios de no discriminación, y ha recomendado promover la formación especializada en materia de género a los profesionales de la información, así como la igualdad salarial.
Emelina Fernández explicó que estas propuestas se recogen ya entre las recomendaciones lanzadas por el Parlamento Europeo a los estados miembros y a las empresas de comunicación, a los que reclama además medidas urgentes para eliminar la brecha salarial que en la actualidad se sitúa en un 17% para un puesto de igual responsabilidad.
Otra de las medidas propuestas por la presidenta del Consejo para incluir en la reforma de la Ley consiste en obligar a los medios a elaborar un informe anual en el que reflejen las acciones puestas en marcha para fomentar la igualdad de género. Se trata de una iniciativa innovadora que ya han impulsado otras autoridades reguladoras de nuestro entorno europeo.
La corregulación como modelo más eficaz de garantizar la legalidad
En cuanto a la adopción de un modelo de corregulación, ha detallado que esta opción posibilitaría al CAA acordar y consensuar con los prestadores de servicio una serie de criterios e indicadores que permitan evaluar los avances y retrocesos en cada uno de los medios y delimitar conceptos jurídicamente indeterminados que garanticen un correcto cumplimiento de la Ley, una vez aprobada por el Parlamento.
Así, la reforma legal podría concretar el concepto de lenguaje sexista, cuyo empleo está tipificado como una infracción muy grave en el proyecto. Esta delimitación permitiría, ha explicado Fernández, objetivar cuándo un prestador ha incurrido en una infracción de este tipo. También ha apostado por acotar con exactitud el ámbito subjetivo y objetivo de la prohibición de transmitir mensajes o imágenes estereotipadas de subordinación de las mujeres a los hombres o de desigualdad entre ambos sexos tipificado en ese mismo artículo como infracción muy grave.
Fernández ha explicado que el CAA ya está utilizando unos criterios indicadores sobre publicidad discriminatoria para la mujer y estereotipos sexistas, que tienen su origen en un trabajo impulsado en la Red de Instancias Reguladoras del Mediterráneo (RIRM). Por ello, ha insistido, en que la adopción formal de estos indicadores por parte de los medios de comunicación sujetos al ámbito competencial de la Junta de Andalucía facilitaría en gran medida la función de control del cumplimiento de la Ley por parte del CAA en materia de igualdad de género.
En este sentido, ha recordado que en España se ha asumido un modelo en el que prima la libertad de expresión y de empresa sobre el principio de igualdad. Este modelo, ha dicho, conduce a confiar en un sistema de autorregulación y en la ética de los medios como el instrumento más adecuado para asegurar los derechos de la mujer. Sin embargo, estas premisas deontológicas no han evitado que se siga ofreciendo una imagen estereotipada y desigual de la mujer, como constatan los informes del Consejo.
Concretar los supuestos de publicidad ilícita
La presidenta del Consejo ha puesto también énfasis en el ámbito de la publicidad para, en primer lugar, reiterar la necesidad de prohibir la publicidad de prostitución y servicios sexuales. Se trata de una antigua reclamación del CAA cuyos argumentos han sido avalados por el Consejo de Estado. También ha propuesto modificar y acotar la definición de publicidad ilícita para adecuarla a los últimos pronunciamientos judiciales.
Así, Fernández ha propuesto que entre estos supuestos se incluyan aquellos anuncios que presenten de forma vejatoria a la mujer a través de la utilización de su cuerpo como mero objeto desvinculado del producto, como envoltorio con connotaciones sexuales. También aquellos spots en los que se incurra en la aparición de situaciones de violencia o de dominio del hombre sobre la mujer, conductas humillantes o que favorezcan el abuso.
Otros de los supuestos de publicidad ilícita a desarrollar serían aquellos anuncios en los que se realiza la presentación explícita de un único destinatario aunque el producto pueda ser utilizado por ambos sexos indistintamente y la aparición de mensajes que contribuyan a la hipersexualización temprana de las niñas. Asimismo, la presidenta del Consejo considera que debe tipificarse como publicidad ilícita aquella que transmita el mensaje de que determinados trabajos, labores o incluso juegos son propios o exclusivos de hombres, o de mujeres.
Finalmente, Fernández ha propuesto que la Ley refleje de forma clara que la "administración audiovisual" que cita el texto del proyecto de reforma, se refiere al Consejo Audiovisual de Andalucía como autoridad competente en aquellas materias que sean de su competencia de acuerdo al Estatuto de Autonomía y a su Ley de Creación. También ha recomendado que el nuevo texto legal observe las distintas exigencias que nuestro ordenamiento jurídico atribuye a los medios de comunicación públicos y privados.
La presidenta del Consejo ha cerrado su comparecencia con una llamada de atención sobre el importante papel que desempeñan los medios de comunicación para fortalecer una cultura de derecho y de igualdad. "Su capacidad de penetración e influencia en la sociedad les convierte en un agente de cambio imprescindible para que la igualdad de hombres y mujeres sea una realidad en todos los ámbitos de la vida", ha recalcado Fernández. "Su poder -ha advertido- es especialmente relevante en la formación y persistencia de los estereotipos que pueden ser considerados parte de la discriminación que aún sufren las mujeres".