El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) ha publicado en BOJA las bases de la VII convocatoria de los Premios Andaluces ‘El Audiovisual en la Escuela’, que tienen como objetivo reforzar las competencias en comunicación audiovisual de los estudiantes andaluces en las distintas etapas educativas. Los trabajos, en formato audiovisual y con una duración no superior a los 5 minutos, pueden presentarse hasta el próximo 30 de junio.
Al certamen, que está organizado por el CAA con la colaboración de la Fundación Cajasol, la RTVA y el Consejo Escolar de Andalucía, pueden concurrir los centros educativos públicos, concertados y privados, incluidos los de Educación Especial. Los premios están abiertos a la participación del alumnado de entre 6 y 18 años y sus profesores.
Como en anteriores ediciones, se convocan seis categorías de los premios: cinco en la modalidad de alumnado, desde Educación Primaria a Educación Postobligatoria, Bachillerato y ciclos formativos de Grado Medio, y una para el profesorado. Cada uno de los galardones está dotado con 1.000 euros, que los centros deberán destinar a la adquisición de material o a la realización de actividades relacionadas con la comunicación audiovisual. Los vídeos ganadores serán además emitidos por la televisión pública andaluza, siempre que superen los parámetros de calidad establecidos por la RTVA.
La temática de los trabajos debe estar relacionada con la incorporación de la educación en comunicación audiovisual en cualquiera de las materias del currículo, con especial hincapié en el análisis y la reflexión sobre los contenidos que se emiten en los medios y que contribuyan a dotar de capacidad crítica a los más jóvenes. Se galardonarán así proyectos audiovisuales relacionados con la alfabetización mediática, las posibilidades educativas de la red, el buen uso de las redes sociales, las noticias falsas o el empleo de herramientas digitales para evitar riesgos como el ciberacoso, el sexting, el grooming, las apuestas online, etcétera.
Los trabajos deben acompañarse de un anexo con la descripción detallada del contenido y objetivos del proyecto presentado, número de alumnos participantes y competencias básicas trabajadas entre otros aspectos. La extensión máxima del documento será de cuatro páginas, en el caso de que se presente en formato escrito.
En la modalidad de alumnado, los trabajos serán colectivos y se presentarán en nombre de la clase donde se hayan realizado. Cada centro educativo podrá presentar proyectos en todas las categorías de los premios, pero con un máximo de tres vídeos por cada una de ellas, no pudiendo un mismo trabajo participar en más de una categoría. En la modalidad de profesorado, los proyectos se presentarán a título individual o de forma colectiva, estando limitada la candidatura a un trabajo por persona o grupo.
Las solicitudes, documentación y trabajos podrán presentarse presencialmente, ante el registro de la sede del Consejo Audiovisual de Andalucía o de cualquier otro órgano administrativo (de acuerdo con lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), o también telemáticamente, con certificado digital a través de la Presentación Electrónica General (PEG).
Criterios de valoración
Las solicitudes serán examinadas por un jurado, compuesto por representantes del CAA y de la Fundación Cajasol, que valorarán el interés educativo, la calidad, el carácter innovador y la coherencia de las propuestas. También se reconocerán aquellos trabajos cuya novedad metodológica o conclusiones supongan una aportación valiosa para el conocimiento y la comprensión crítica de los medios de comunicación, especialmente ante los contenidos audiovisuales emitidos a través de internet. En la modalidad de alumnado, se tendrá igualmente en cuenta la alta participación de los estudiantes, el trabajo en equipo y la implicación en el proyecto.
El Consejo Audiovisual de Andalucía, como autoridad reguladora del sector audiovisual, tiene entre sus funciones promover la alfabetización mediática y proteger los derechos en este ámbito de los colectivos más vulnerables, como los menores de edad.