El presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), Antonio Checa, ha planteado en el Parlamento Andaluz la necesidad de ampliar las competencias y responsabilidades de este organismo regulador del sector para supervisar los contenidos de los nuevos servicios audiovisuales, como las plataformas de intercambios de vídeos y las emisiones de los influencers. En la presentación del Informe Anual 2020 ante la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior, Checa se ha referido también a la conveniencia de acometer el desarrollo reglamentario de la Ley Audiovisual de Andalucía (LAA) y destacado la protección de los colectivos más vulnerables como tarea prioritaria del CAA durante el pasado año.
La actividad del Consejo ha estado marcada en parte por los profundos cambios en que está inmerso el sector audiovisual, motivados principalmente por estos nuevos consumos, y por las modificaciones legislativas que se avecinan con la futura Ley General de Comunicación Audiovisual, que está en proceso de tramitación y sustituirá a la norma de 2010 para adaptarse a la Directiva Europea 2018/1808 de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esta ley presenta como principal novedad que ya no se limita su objeto a la radio y televisión, sino que amplía su ámbito de aplicación a los servicios de intercambio de vídeos y a las plataformas de contenidos bajo demanda.
Antonio Checa ha subrayado que el Consejo “debe poder adoptar decisiones sobre las emisiones de estos nuevos servicios audiovisuales que se prestan y reciben en Andalucía", y en colaboración con el regulador estatal, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), debe vigilar los incumplimientos. Ha señalado además que con la nueva directiva los influencers o creadores de contenidos que se emiten a través de internet pueden ser considerados servicios audiovisuales.
El presidente ha abogado así por un CAA que se configure como la autoridad que promocione la alfabetización mediática, desde los más jóvenes a la tercera edad, no sólo en el ámbito audiovisual sino también en todo el entorno digital. Y para el cumplimiento de sus funciones de protección a los usuarios en general, y especialmente a los niños, mayores y personas con discapacidad, en lo que se refiere a los contenidos de la programación y la publicidad, el Consejo considera preciso el seguimiento, supervisión y control de los nuevos servicios audiovisuales.
Checa ha explicado que se ha remitido al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital un informe con alegaciones al anteproyecto de la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual, entre las que se incluye la petición de reconocimiento de las funciones de los órganos reguladores independientes como este Consejo y se cuestiona la eficacia de la autorregulación promovida por la norma. Esta regulación proyectada tendrá incidencia en la legislación autonómica, fundamentalmente en la Ley Audiovisual de Andalucía de 2018, sobre la que ha señalado que está pendiente el desarrollo reglamentario de muchos de sus contenidos, a lo que el CAA ha urgido ya en varias ocasiones, como el ejercicio del derecho de participación y acceso de los grupos sociales, el Consejo de Participación Audiovisual de Andalucía o las condiciones de protección de los consumidores y usuarios andaluces en el ámbito de la publicidad.
Pluralismo político, paridad y discapacidad
En este balance del 2020, Antonio Checa ha destacado que se ha constatado, un año más, que no se avanza como sería deseable en el pluralismo político de las televisiones públicas, sobre todo en el ámbito de las cadenas locales, que se ralentiza la mejora de la presencia de mujeres en los informativos y que continúa la invisibilidad social de las personas con discapacidad en la publicidad televisiva.
Estos estudios sobre pluralismo, reparto de los tiempos de palabra entre hombres y mujeres y la imagen de la discapacidad son algunos de los 40 informes elaborados por el Consejo durante el año pasado, entre los que cabe mencionar también los estudios sobre el tratamiento informativo de la COVID-19 o sobre la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a los menores.
Los resultados de este último informe, según ha recordado Checa, llevaron al Pleno del Consejo a reclamar a las administraciones una regulación estricta de las comunicaciones comerciales de estos productos destinadas a las audiencia infantil, “y no confiar sólo en la autorregulación” para proteger a los niños y niñas ante este tipo de publicidad y luchar así contra el sobrepeso y la obesidad.
El Consejo Audiovisual de Andalucía ha desarrollado diversas iniciativas de defensa de los usuarios, como la aprobación de sendas instrucciones que, por un lado, refuerzan el derecho de los telespectadores a conocer la programación con su suficiente antelación y la identidad de los prestadores y, por otro, mejoran la señalización y calificación de los contenidos televisivos con el objetivo de salvaguardar los derechos que tienen los menores, padres, madres y educadores a disponer de la información y los medios adecuados para un acceso responsable a los programas.
El presidente ha resaltado igualmente el incremento durante el pasado año de la colaboración con distintas instituciones, a través de la firma de protocolos con el Defensor del Pueblo Andaluz y Defensor del Menor y la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (AUTOCONTROL) o la preparación de acuerdos de cooperación con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y el Instituto Andaluz de la Mujer.
Campañas contra las noticias falsas y la ludopatía
De este modo, con la colaboración desinteresada de numerosos medios de comunicación el CAA puso en marcha la campaña ‘#Pasa del bulo, y navega seguro’, para prevenir y concienciar a los jóvenes sobre la desinformación y noticias falsas. Asimismo, y a propuesta del Consejo, la Dirección General de Comunicación Social de la Junta promovió otra campaña para advertir sobre los riesgos de los juegos de azar, fundamentalmente vía online, bajo el título ‘Que el juego no apague tu luz’.
Por otro lado, el Barómetro Audiovisual de Andalucía 2020, estudio demoscópico sobre los hábitos y opiniones de la población andaluza, ha recabado las valoraciones de los ciudadanos sobre temas de actualidad como las noticias falsas y el tratamiento de la información durante la crisis sanitaria producida por la COVID-19. Los resultados, entre otros datos de interés, son que la mayoría de los andaluces reconoce que nunca comprueba la veracidad de las noticias, casi la mitad de los usuarios de internet dice informarse a través de las redes sociales y un 53% opina que mucha de la información difundida por los medios de comunicación sobre la pandemia es sensacionalista y produce alarma social.
Antonio Checa ha hecho referencia también a la aprobación a finales del año pasado del Plan Estratégico del Consejo Audiovisual de Andalucía 2021-23, “mucho más minucioso, con objetivos renovados y propuestas concretas que va a suponer una nueva e ilusionante etapa”.
Más de 500.000 horas de grabación
A través del sistema de seguimiento de medios del CAA, que consta de 20 centros de captación para la recepción, grabación y almacenamiento de las emisiones de radio y televisión, se archivaron durante 2020 más de 505.000 horas, de las cuales 60.890 corresponden a la radio y 444.400 al seguimiento de la Televisión Digital Terrestre. Este procedimiento de búsqueda y catalogación de contenidos audiovisuales es el principal instrumento del que dispone el Consejo para desarrollar sus funciones, junto con la colaboración ciudadana a través de la Oficina de Defensa de la Audiencia (ODA).
El estudio de estas emisiones ha permitido al Consejo detectar las alertas sobre contenidos que podrían vulnerar la normativa, y que son relativas en su mayoría a la emisión de películas en horario de protección de menores cuya calificación por edad no era adecuada y de contenidos pornográficos. Por su parte, en la ODA los temas que acapararon más quejas o reclamaciones han sido el pluralismo, imparcialidad y veracidad informativa, seguido por cuestiones referidas a emisiones ilegales de radio y televisión y contenidos difamatorios.