Comunicado conjunto de los presidentes del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), Roger Loppacher; del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), Antonio Checa; y del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV), José María Vidal. En defensa de las competencias autonómicas y de las autoridades reguladoras territoriales en la nueva ley audiovisual.
Comunicado en defensa de las competencias autonómicas y de las autoridades reguladoras territoriales en la nueva ley audiovisual. Los tres presidentes, cuyos territorios suman el 45% de la población española, piden reformar el texto para adaptar la distribución competencial al estado autonómico y a la nueva realidad audiovisual, estableciendo una actuación concertada entre las autoridades reguladoras independientes existentes en el Estado.
La concertación de competencias, además de ser coherente con el modelo de Estado del que nos hemos dotado, permitiría optimizar los recursos públicos y ser más eficientes en la protección de la ciudadanía en temas tan relevantes como la protección de los menores de edad, el discurso de odio, la publicidad ilícita o la desinformación, ámbitos en los que ya se cuenta con experiencia
En relación con el proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual, aprobado recientemente por el Consejo de Ministros, los presidentes de las autoridades independientes de regulación audiovisual de Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana hacen las siguientes consideraciones:
Consideramos que el texto aprobado no está acorde, en lo referente al marco competencial, al nuevo ecosistema audiovisual y no se corresponde con un estado autonómico como es el español. El nuevo texto limita las competencias autonómicas y, por tanto, las de los consejos audiovisuales territoriales al no atribuirles ninguna competencia en relación con los servicios de comunicación audiovisual televisivos a petición, ni con las plataformas de intercambio de vídeos. Un hecho especialmente grave si tenemos en cuenta que estos servicios y plataformas constituyen en la actualidad una de las principales fuentes del consumo audiovisual de la ciudadanía.
Los reguladores territoriales tenemos atribuida la misión, por ley, de velar por los derechos de las personas en el ámbito audiovisual, y limitar las competencias de estos reguladores y centralizarlas en la CNMC, como se propone en el proyecto de ley, supondría recortar su capacidad de acción y las competencias autonómicas en temas tan relevantes como la protección de los menores de edad, el discurso de odio, la publicidad encubierta, la desinformación o las previsiones relativas a la diversidad cultural en las plataformas.
También se considera necesario que las autoridades de regulación refuercen los mecanismos de supervisión y control de los compromisos de autorregulación, y velen por que se respeten los códigos de conducta y se adecuen a la normativa vigente.
Los retos que tenemos hoy en el ámbito audiovisual son globales y requieren, más que nunca, una actuación cooperativa de todos los organismos reguladores independientes que hay en el Estado. Una colaboración entre ellos y con el resto de reguladores europeos.
La experiencia alcanzada en estos últimos años por instituciones pioneras en el Estado como el CAC (creado en el año 2000), el CAA (2005) y, más recientemente, el CACV (2021), permiten aportar y compartir conocimientos en la protección de las personas usuarias en el ámbito audiovisual tradicional (ondas hertzianas), pero también, y especialmente, en el digital, donde hoy radica buena parte del consumo audiovisual, especialmente entre la población más joven.
Los consejos disponemos de una amplia trayectoria en la regulación audiovisual y en los últimos años ya hemos incorporado sistemas de control de los contenidos de riesgo en el mundo digital. Por todo ello, queremos expresar la necesidad de establecer, como un eje básico de relación, el principio de colaboración entre la autoridad estatal y las autonómicas.
Un principio de colaboración que está reconocido en el marco jurídico y es habitual entre las autoridades audiovisuales de otros estados descentralizados, como por ejemplo el alemán o el belga.
Desde el CAC, el CAA y el CACV creemos en la optimización de los recursos públicos y queremos participar y colaborar, con la CNMC, en la regulación del nuevo entorno digital en los ámbitos en los que ya contamos con experiencia contrastada. Creemos que sería una mala decisión no actuar con todos los activos de los que disponemos.
Se trata de aunar esfuerzos y garantizar así una mejor protección de los derechos de la ciudadanía en el entorno digital. Una colaboración, además, que es plenamente consecuente en el marco de un estado descentralizado.
En este sentido, los presidentes de los reguladores de Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana, cuyos territorios suman una población de más de 21 millones de personas, el 45% de la población española, organismos reconocidos en los respectivos estatutos de autonomía y con competencias en el ámbito de la comunicación audiovisual, no compartimos la distribución competencial prevista por el Proyecto de ley general de comunicación audiovisual.
Por ello, instamos a que durante el trámite parlamentario se introduzcan los cambios necesarios para asegurar una actuación concertada entre los reguladores audiovisuales independientes existentes en el Estado en materia de supervisión y control de los contenidos en las plataformas de intercambio de vídeos o el control y la supervisión de las obligaciones relativas a la protección de los menores de edad o a la promoción de obras europeas en los servicios a petición, entre otros.
En el mundo digital, más que nunca, deben sumarse esfuerzos, no limitar competencias. Cooperar y concertar actuaciones y competencias debería ser la forma más eficiente de optimizar los recursos públicos y de garantizar la protección de la ciudadanía en el mundo audiovisual digital. Algo en lo que los tres reguladores, el CAC, el CAA y el CACV, estamos plenamente comprometidos.