La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019, con un doble objetivo, proteger a los informantes de infracciones penales o administrativas graves o muy graves del Derecho de la Unión y de nuestro ordenamiento jurídico y establecer las normas mínimas de los canales de información.
La norma estatal básica impone a todas las entidades que formen parte del sector público, la obligación de contar con un Sistema Interno de Información en un plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de la Ley.
El CAA acuerda implantar y hacer uso en el Consejo Audiovisual de Andalucía, del Sistema Interno de Información del Administración de la Junta de Andalucía, que comprende el canal para la recepción de la información y el registro de informaciones.