La presidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), Emelina Fernández Soriano, apeló hoy a la responsabilidad social de los medios de comunicación y de los profesionales de la información para que las informaciones sobre procesos judiciales no terminen vulnerando de forma irreversible derechos fundamentales de las personas implicadas en los casos que trascienden a la opinión pública.
Fernández hizo este llamamiento durante su participación en los Cursos Internacionales de Verano Ciudad de Melilla, que bajo el título Prensa y Política en España: la contribución del periodismo a la formación de la opinión pública, ha organizado la Universidad de Granada, el Consejo Consultivo de Andalucía, el Ilustre Colegio de Abogados de Melilla y la Asociación de la Prensa de Melilla.
La conferencia de la presidenta del CAA, que versó sobre el derecho a la información y la justicia, se centró en las prácticas y consecuencias que se derivan del tratamiento espectacularizado y poco cualificado de determinados procesos judiciales por parte de los medios de comunicación, sobre todo la televisión, cuyo consumo por persona y día supera en la actualidad las cuatro horas, recordó.
Emelina Fernández expresó la preocupación del CAA ante el hecho de que cada vez con más frecuencia no son periodistas especializados en información de tribunales quienes acaparan horas y horas de programación televisiva cubriendo y comentando este tipo de hechos, sino que “tertulianos” o periodistas de la prensa del corazón están articulando un discurso pseudoinformativo, convirtiendo los platós de televisión en salas de vistas, contribuyendo a la formación de juicios paralelos.
“El sensacionalismo y el morbo se han convertido en un negocio muy rentable y ello ha influido en la aparición de este tipo de programas que se alejan del marco constitucional de respeto y libertad, y que como único objetivo tienen el de las ventas, la lucha feroz por las audiencias y la publicidad”, lamentó la presidenta del CAA, que definió este fenómeno como una “mercantilización de la información”: la información concebida como un negocio favorecido por la rentabilidad del sensacionalismo. Algo contra lo que, en su opinión, debería posicionarse la profesión periodística.
“Los procesos judiciales tratan de probar hechos y encontrar la verdad, mientras que los juicios paralelos montados en las televisiones buscan impactar, vender, influir…”, recalcó la presidenta del Consejo, que consideró que estas prácticas mediáticas ponen en juego la presunción de inocencia, un derecho distintivo de los sistemas democráticos. “Respetar la presunción de inocencia va mucho más allá que anteponer la palabra presunto a cualquier noticia que afecta a la intimidad de las personas implicadas en un asunto judicial”, subrayó.
En su intervención ante los alumnos de este curso de verano, Emelina Fernández recordó el caso de Dolores Vázquez, que acabó condenada y encarcelada por un crimen que no cometió tras meses de una insoportable presión mediática en la que se difundieron datos y rumores sobre su vida privada o su personalidad. Hechos irrelevantes para el caso que se juzgaba, pero que, sin duda –dijo-, terminaron influyendo en el jurado popular. A día de hoy, recordó, nadie ha pedido perdón a esta mujer, a quien se le ha hecho un daño irreparable, ni nadie ha asumido su error.
Actuaciones del CAA ante tratamiento mediático de juicios
Fernández repasó determinadas actuaciones del Consejo Audiovisual de Andalucía a raíz de este tipo de prácticas que, por ejemplo, en el caso del tratamiento mediático que se dio a la fase de investigación y detenciones por la desaparición y muerte de la joven sevillana Marta del Castillo, desencadenó la actuación de la Fiscalía contra varias televisiones que vulneraron los derechos de menores de edad implicados.
La posterior celebración del juicio por este crimen, llevó al CAA, recordó, a elaborar unas recomendaciones para su seguimiento y cobertura destinada a los periodistas, en las que se recogían una serie de pautas deontológicas que, sin embargo, fueron prácticamente ignoradas por las televisiones con más audiencia.
Desde ese momento, el Consejo consideró necesario la elaboración de una guía para el tratamiento informativo de los procesos judiciales que vio la luz el pasado mes de marzo. Esta guía, elaborada en colaboración con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y el Colegio de Periodistas de Andalucía, compila diversos códigos deontológicos de la profesión periodística, aúna doctrina y jurisprudencia sobre conflictos entre los intereses de los periodistas y los de los profesionales de la administración de justicia. Su finalidad es garantizar la publicidad de los procesos judiciales al tiempo que dotar a los periodistas de una guía donde consultar sus derechos y deberes y despejar dudas sobre las fases del proceso y el lenguaje judicial.
“La libertad de información y el principio de publicidad de la justicia no pueden convertirse en enemigos de la imparcialidad de los tribunales”, recalcó Fernández para recordar que, en ocasiones, existen campañas mediáticas que pretenden influir directamente en las decisiones de los tribunales. Por tanto, dijo, ni el secreto ni la publicidad pueden ser absolutas e ilimitadas, sino que en determinadas situaciones es necesario modularlas.