El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) ha defendido la corregulación en el tratamiento informativo de las personas desaparecidas, sobre todo en los magacines televisivos, cuyo formato se caracteriza por un híbrido de información y entretenimiento. Esta vía se plantea por parte del CAA como una solución intermedia entre la autorregulación que propugnan los informadores y la regulación que defienden las familias afectadas por estos casos.
La consejera del CAA Carmen Fernández Morillo intervino en este foro, celebrado en Madrid los días 25 y 26 de noviembre y promovido por la Fundación Europea de las Personas Desaparecidas (QSD Global), en colaboración con la Universidad de Santiago (USC). Allí, defendió la corregulación como modelo que, aunque inédito en nuestro país, se aplica con éxito en naciones de nuestro entorno como Francia, y vendría a remediar el fracaso constatable de la autorregulación de los medios, vigente en la actualidad.
Fernández Morillo, expuso las conclusiones del Consejo sobre el tratamiento informativo de la desaparición de la joven Marta del Castillo, en 2009, así como del juicio a los detenidos por este hecho dos años después. En ambos casos, el CAA constató la vulneración de derechos fundamentales de menores implicados en este suceso por parte de algunas televisiones, comprobó y documentó la celebración de juicios paralelos en algunos platós de televisión a través de entrevistas a testigos que participaron en el proceso judicial o recreaciones dramáticas de los hechos que estaban siendo sometidos a juicio.
La vía de la corregulación, explicó la consejera del CAA, es una solución intermedia que, por un lado, garantiza el derecho de los medios a participar en la elaboración de normas que aseguran que las informaciones que se difunden se ajustan a los criterios de rigor, veracidad, imparcialidad y honestidad informativa. Por otro lado, asegura el derecho de la sociedad a que los incumplimientos de las normas por parte de los medios de comunicación no queden impunes y puedan adoptarse medidas por parte de organismos independientes. En este sentido, Fernández Morillo propuso que dichas medidas correctoras no se centren en multas económicas.
Con este fin, el CAA se puso a disposición de las familias y de los medios de comunicación para participar en la creación de un grupo de trabajo integrado por los distintos agentes afectados por las desapariciones -familias, medios, ámbito policial y judicial-. Se trataría de reproducir, dijo Fernández Morillo, la experiencia del Consejo que dio como fruto la Guía para el Tratamiento Informativo de la Violencia de Género y consensuar unas pautas informativas aplicables a estos casos.
En este foro se puso de manifiesto la demanda de las familias y de la Fundación Europea de las Personas Desaparecidas para que estos casos se consideren de interés general por parte de todas las instituciones e instancias implicadas, como ocurre con la violencia de género. Las familias apuntaron en este sentido a los medios de comunicación y su función de servicio público que consideran fundamental en las primeras horas de una desaparición.
No obstante, las personas afectadas por las desapariciones denunciaron que algunos medios informan con mayor avidez e interés cuando se encuentran ante casos en los que se puede explotar un lado morboso y, en cambio, se produce un silencio mediático ante la mayoría de desapariciones. En este sentido, se apeló a la relevancia informativa, social y policial concedida a la desaparición de la joven Diana Quer desde el pasado mes de agosto, frente a otros casos de personas desaparecidas.
En España se denuncian diariamente 40 desapariciones. La mayoría de ellas se resuelve con éxito en las primeras 72 horas. Sin embargo, cada año se producen entre 1.000 y 2.000 nuevos casos de personas que siguen desaparecidas durante meses, años y décadas. De ellas, un centenar son menores. Los expertos jurídicos y policiales advirtieron en este foro de que España sufre importantes carencias en recursos y formación especializada de los cuerpos y fuerzas de seguridad para resolver la enorme cantidad de desapariciones que se registran. Tampoco existe, añadieron, una implicación activa de la Administración de Justicia en casos que requieren adoptar decisiones inmediatas para lograr una resolución exitosa.
En este sentido, se evidenció la necesidad de que los medios de comunicación concedan relevancia a los casos de desapariciones, tratándolos con rigor, respeto y sin sensacionalismo. Su enorme poder de penetración social, sobre todo de la televisión, es fundamental para que la ciudadanía pueda ofrecer pistas en las primeras horas.
Las recomendaciones emanadas del Foro piden a los medios que asuman como parte de su responsabilidad social la tarea de dar a conocer los casos de desapariciones, así como la de proteger a sus protagonistas por la especial vulnerabilidad que conlleva su situación. Apela también a los periodistas a título individual para que busquen un equilibrio entre los contenidos informativos y los aspectos emocionales que rodean las desapariciones. Y reclaman especial cuidado en el manejo de datos e imágenes que afecten a menores de edad y a personas adultas vulnerables.