El CAA ha decidido advertir a los operadores públicos de Andalucía de que están obligados a garantizar el acceso a las asociaciones e instituciones representativas de la diversidad política, social y cultural, para que pueda ejercer su derecho a la libertad de expresión, a su participación en la sociedad a través de los medios de comunicación de titularidad pública y a la configuración de una opinión pública libre.